Últimamente estamos acostumbrados a asistir a reformas exprés, que se acometen con urgencias y sin debate ni diálogo, sobre aspectos importantes que influyen, y de qué manera, sobre la vida de la ciudadanía. Ahora es el turno de las pensiones, que este gobierno pretende reformar a toda prisa para que no le riñan en Europa y, de paso, conducirlas hacia el terreno de la privatización, tal y como marca su ideario neoliberal.
Sin embargo, es un tema muy serio, con el que no se puede jugar ni generar incertidumbres a su alrededor. Cualquier debate sobre pensiones debe partir de un principio innegable: el sistema está saneado y es absolutamente sostenible, para eso precisamente se consensuó la última gran reforma de 2011, vigente hasta 2027. Por tanto, el gobierno tiene claramente marcado el camino, que no es otro que cumplir los contenidos de esa reforma, recogidos en una Ley aprobada por el Parlamento y publicada en el BOE; no hay más camino que andar. En lugar de esto, el ejecutivo del PP plantea una reforma con un peligroso tufo, enmarcada en una estrategia para debilitar los pilares del Estado del Bienestar y todo lo público, cuyo próximo objetivo -tras la sanidad, la educación, la dependencia y la protección por desempleo- son las pensiones. No estamos ante una cuestión de sostenibilidad en el futuro, es una opción ideológica clara de la derecha que nos gobierna: trasladar el Estado del Bienestar al sector privado para convertir esos derechos en mercancías y productos con los que obtener beneficios según las leyes del mercado.
En las últimas semanas el gobierno popular está consiguiendo generar una situación de incertidumbre gracias a la cual poder justificar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en este país y favorecer que, ante esta perspectiva, muchos ciudadanos y ciudadanas contraten planes privados. Que nadie piense que estos movimientos son inocuos, detrás están los enemigos de nuestro sistema público -derecha ultraliberal, banca y aseguradoras-, que mantienen una campaña de acoso y derribo al calor de la crisis económica con el objetivo de convertirlo en un gran negocio lucrativo. Ya lo intentaron en la anterior crisis (1993-95) y fracasaron gracias al consenso político del Pacto de Toledo y al primer Acuerdo Social con las organizaciones sindicales y empresariales. Este amplio consenso social y político, que se ha renovado periódicamente, ha blindado el sistema y permitido lograr importantes mejoras como el incremento de las pensiones más bajas, garantizar el poder adquisitivo de todas ellas, integrar los regímenes especiales y la creación del Fondo de Reserva, que hoy cuenta con más de 60.000 millones de euros. Para CCOO, esos, y no otros, son los únicos foros legitimados que reconocemos.
Al gobierno de Rajoy y al PP hay que recordarle que el Pacto de Toledo y los Acuerdos Sociales son los únicos foros legitimados para abordar reformas de tanto calado en este ámbito. Es ahí, y no fuera, donde deben discutirse estas cuestiones en lugar de soltar globos sonda en un festival de filtraciones que solo añaden incertidumbres sobre el sistema y llevan la angustia a cientos de miles de pensionistas actuales y futuros. Porque alguien debería explicar al gobierno popular que poner en entredicho las pensiones es jugar con la dignidad y el pan de las personas que las perciben, y en la actual situación de crisis, con las familias de sus hijos, que deben mantener debido a que estos se encuentran en paro y sin prestaciones. Ante este no saber qué va a pasar, el miedo se hace presente entre los pensionistas -recordemos que en España son más de 9 millones- y estos intentan gastar lo menos posible por lo que pueda venir, provocando así un descenso en el consumo y, por tanto, impidiendo la reactivación económica. El impacto sobre el consumo y la economía es brutal. Es un asunto serio, y estos movimientos desde el gobierno que provocan tantas dudas no están justificados, a no ser que los tiros vayan por otro sitio y quieran satisfacer las demandas de los hombres de negro de la Troika y de la derecha económica y política a costa de sacrificar la estabilidad de nuestro sistema público de pensiones.
No se entiende tanta prisa en buscar un supuesto “principio de sostenibilidad” cuando el principal factor de viabilidad y solidez del sistema no es otro que el empleo. Así que el mejor principio de sostenibilidad es un cambio radical en las políticas actuales, abandonando los recortes y ajustes que solo hacen empobrecernos más e incrementar las cifras del paro, y una apuesta decidida por otras políticas que favorezcan las inversiones y la reactivación económica, generen tejido industrial y productivo, y creen empleo. Es la mejor garantía para las pensiones actuales y las futuras, porque nadie puede olvidar que estas pertenecen a los trabajadores y trabajadoras, que las sostenemos con nuestras cotizaciones.
Es hora de centrar el foco en lo realmente trascendente, más allá de fórmulas mágicas y comités de expertos. El empleo es la clave, no hay otra manera para salir de esta crisis y garantizar nuestro Modelo Social. Por eso en Andalucía, donde sufrimos una de las tasas de paro más elevadas de la UE, organizamos el pasado mes de junio la Marcha Andaluza por el Empleo, que recorrió los pueblos y ciudades de la región durante cuatro días (del 10 al 13 de junio) en tres columnas, que partieron de Puerto Real, Antequera y Córdoba, y confluyeron en un acto multitudinario en Sevilla. El objeto de esta marcha era visibilizar que los andaluces y andaluzas reivindicamos un Plan de Empleo de Emergencia, que esa, y no otra, debe ser la prioridad del gobierno estatal y autonómico, porque sin trabajo en esta tierra no hay futuro ni presente.
Empleo, diálogo y calma, son los instrumentos para abordar cualquier debate serio sobre las pensiones en este país y mantener la tranquilidad de la ciudadanía sobre su sistema público. Nadie tiene derecho a cuestionar su sostenibilidad ni a poner en duda su futuro. Son propiedad de la clase trabajadora, no de los gobiernos, y las defenderemos como lo que son, una de las mayores conquistas de la democracia.
Francisco Carbonero, secretario general de CCOO Andalucía
