Andalucía recibirá el 15,5% de los fondos nacionales y europeos destinados a diferentes líneas de actuación en agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, es decir, 29,5 millones de euros de los casi 190 millones distribuidos entre todas las comunidades autónomas. Así se decidió en la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que asistió el consejero andaluz del ramo, Isaías Pérez Saldaña.

Del total asignado a Andalucía, unos 9,52 millones de euros irán destinados a medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común (PAC) en el ámbito regional, mientras que otros 5,65 millones (el 16% del reparto nacional) se dirigirán a actuaciones de lucha y prevención de plagas, promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, ayudas al fomento del asociacionismo agrario y al desarrollo de investigación para la mejora de la calidad de distintas variedades vegetales, entre otras líneas.

El programa de mejora de la calidad de la producción del aceite de oliva y aceitunas de mesa de la campaña 2005/2006 se verá beneficiado en Andalucía con 5,3 millones de euros, lo que supone el 64,2% de los fondos distribuidos en el territorio nacional para dichas actuaciones.

En el ámbito de la ganadería, la Consejería de Agricultura y Pesca recibirá 4,75 millones de euros para la selección y control de rendimientos ganaderos, prima nacional complementaria a vaca nodriza, protección de razas autóctonas en peligro de extinción, fomento de la apicultura, del asociacionismo y para el desarrollo de programas estatales de erradicación de enfermedades.

Dentro de este último capítulo, destaca la partida de 817.766 euros correspondiente al primer pago que recibe Andalucía para la financiación de programas de lucha contra la fiebre catarral ovina, conocida como lengua azul . Este pago es fruto del compromiso adquirido por el Ministerio para erradicar dicha enfermedad animal.

A estas partidas se suman otros 2,6 millones de euros procedentes de fondos FEOGA para actuaciones de transformación y comercialización de productos agrarios, además de otros 1,7 millones de fondos IFOP para las mismas líneas de trabajo en el ámbito de los productos pesqueros y de la acuicultura en Andalucía.

Con anterioridad a la Conferencia Sectorial, Pérez Saldaña participó en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola, donde se analizó, entre otros asuntos, el nuevo reglamento europeo que definirá el método de distribución de las ayudas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Esta normativa se encuentra actualmente en proceso de negociación en los países miembros, si bien las expectativas apuntan al mes de junio como posible fecha para su aprobación.

En el marco de este debate, Andalucía apuesta por la existencia de un único organismo pagador, la flexibilidad de reparto de fondos entre los ejes que establece el Fondo y que sean las comunidades autónomas quienes decidan los objetivos y líneas actuaciones a seguir.

En este sentido, Pérez Saldaña defendió la necesidad de que exista un único organismo pagador autonómico, que sea el encargado de gestionar todas las ayudas europeas (FEAGA y Feader).

Otra de las propuestas planteadas por el consejero andaluz fue responsabilizar a las autonomías de la planificación de los objetivos y líneas de actuación a emprender con los fondos comunitarios, ya que, en su opinión, de esta forma las ayudas se adaptarán lo más fielmente posible a las necesidades de cada unas las regiones.

Por último, el nuevo reglamento europeo se articula en torno a tres grandes líneas de actuación: la mejora de la competitividad de la agricultura y la silvicultura; la mejora del medio ambiente y del espacio rural; y, por último, el fomento de la calidad de vida de las zonas rurales y promoción de la diversificación de las actividades económicas.

A cada uno de estos ejes correspondería un porcentaje de los fondos europeos, si bien el consejero abogó por flexibilizar este reparto, de forma que exista la posibilidad de trasvasar parte de los fondos de un eje a otro para adaptarlo a la realidad de cada comunidad autónoma.