El informe “La economía sumergida pasa factura. ‘El avance del fraude en España durante la crisis’, realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), revela que la Agencia Tributaria dedica un 80% de los efectivos a investigar a pymes y autónomos, dejando vía libre a las grandes empresas y fortunas y deja de perseguir la economía sumergida.
El informe define la economía sumergida como “aquella actividad económica productiva que se esconde a la administración de forma deliberada con el objetivo de evitar el pago de impuestos, cotizaciones a la seguridad social, evitar el cumplimiento de normas laborales y procedimientos administrativos y revela que ha aumentado en nuestro país en casi 7 puntos entre 2008 y 2012; 253.000 millones de euros ocultos en este último año.
“Esta es una de las demandas que venimos reiterando desde UPTA Andalucía. Hay que combatir la economía sumergida que provoca que los autónomos que cumplen con todas sus obligaciones no puedan “competir” con aquellos que en fraude de ley, no tienen que repercutir en sus costes las obligaciones que conlleva el trabajo por cuenta propia legal” ha declarado Inés Mazuela, Secretaria General de la entidad. “Si a esto añadimos que la inspección tributaria se ceba con ellos como se deduce de este informe, las dificultades con las que se encuentran por la falta de financiación y de consumo, etc. agravan bastante su situación. Son muchos los autónomos que se quejan de que se sienten, en cierto modo, “acosados” por las inspecciones tributarias, de seguridad social, municipales, de consumo…y que a las grandes empresas no le ocurre lo mismo. Parece que se centran en los más débiles” ha comentado Mazuela.
No obstante, “UPTA Andalucía, comparte la necesidad de que existan controles, pero “en condiciones de igualdad. No se puede ser permisivos con los grandes y estricto con los pequeños. No es justo” y recuerdan que el tejido productivo andaluz está sustentado por los autónomos “son los verdaderos motores de la economía, los que generan riqueza y empleo” e incide la Secretaria General en la “necesidad de ser absolutamente estrictos e implacables en combatir la economía sumergida. Eso sí que hace daño a los autónomos y empresas en general que cumplen con sus obligaciones. Y en esto debemos comprometernos todos, no sólo los poderes públicos con las inspecciones, sino la sociedad en general que tiene que concienciarse en no apoyar estas prácticas. Por “ahorrarnos” algo, fomentamos la precariedad laboral, el trabajo ilegal sin condiciones de salud y seguridad, el fraude fiscal… y nos convertimos en cómplices de éstas prácticas, perjudicando a los que sí cumplen con sus obligaciones, que son a los que debemos apoyar y ayudar” ha concluido.
