La gestión pública a través de las instituciones y los responsables de éstas, al igual que la economía, deben de ir unidas a comportamientos éticos y transparentes en coyunturas económicas favorables y, aun más, en una época de incertidumbre como la que atravesamos. Unos responsables públicos y unas administraciones transparentes y ejemplares, constituyen un requisito indispensable para construir y desarrollar una Administración pública de calidad, generar confianza y prestar un mejor servicio a la sociedad.
La crisis, además de económica, comienza a revestir parecida gravedad política e institucional. Por tanto, se debe priorizar la adecuada ejecución de las normas existentes, la implementación de otras nuevas, la generación de aquellas medidas que refuercen las sanciones, el aseguramiento de la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control de las instituciones, así como la coordinación de las actuaciones en la materia.
Así parece haberlo entendido el ejecutivo andaluz, (tras consultas, aportaciones de interlocutores sociales, asociaciones, particulares, expertos, informes y dictámenes del Consejo Económico y Social o el Consejo Consultivo), al aprobar en Consejo de Gobierno la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la cual será remitida al Parlamento para su debate. Una vez aprobada situará a la comunidad a la vanguardia en materia de transparencia, ya que permitirá ahondar en la efectividad de la democracia, de modo que la ciudadanía conozca la actuación de los poderes públicos, así como los motivos y resultados de dichas actuaciones. Para ello se articulan en la norma dos grandes instrumentos, la publicidad activa y el acceso a la información pública.
Por otra parte, un comportamiento ético y transparente no es solo exigible a las instituciones públicas y a sus dirigentes, también debe de ser aplicada y, por tanto, exigida en otros ámbitos públicos y privados. Al respecto, la futura norma, en su actual redacción, contempla el derecho de la ciudadanía a recibir información de todas las instituciones públicas de la comunidad autónoma, de ayuntamientos y de las empresas que contraten con ellas y, en general, de todo tipo de organizaciones y entes que reciban fondos públicos para el ejercicio de sus actividades.
En definitiva, la futura Ley obligará a mantener una actitud proactiva de las administraciones e instituciones en favor de la implementación de medidas de transparencia y buenas prácticas, distanciándose con ello de ciertas opiniones y prácticas pasivas que se venían abonando a la tesis de que la valoración de la ciudadanía, sobre la política y sus instituciones, mejoraría conforme se recuperase la economía, reduciendo así las importantes pesadumbres y pérdida de confianza de la sociedad a simples inconvenientes coyunturales.
Transparencia, buen gobierno, democracia y participación son los ejes sobre los que se articulan, administran y representan las empresas y las organizaciones de Economía Social. A su vez, son entidades controladas por sus socios, quienes participan activamente en la definición de sus políticas y en la toma de decisiones. Estos elementos configuran el eje que marca los códigos de conducta que son requeridos por los integrantes de las empresas y por la sociedad, motivo por el cual obtienen un alto grado de aceptación y reconocimiento por parte de instituciones y personas. Estos elementos, de alguna manera, tratan de trasladarse al contenido de la norma. Por ello, la Economía Social andaluza, entiende que la futura ley, con alguna mejora – ya planteada- y un buen desarrollo y aplicación, puede ser un buen instrumento para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas y representantes políticos.
