La necesidad de que el crédito fluya y llegue a familias y empresas es una reivindicación histórica de CCOO que ha tomado fuerza desde el comienzo de la crisis. Muchas personas se preguntan cómo es posible que se hable constantemente de que hay que rescatar a la banca cuando han sido precisamente los mercados financieros los que han propiciado la situación actual y han dado lugar a una crisis productiva de enorme envergadura. CCOO fue la primera organización en reclamar, ya en el 2009, a los gobiernos un gran acuerdo que situase en el centro de sus agendas a las personas de cara a buscar una salida social a la crisis. La banca se ha salvado con dinero público, ¿hasta cuándo piensan esperar los gobiernos para salvar a las personas?
Indudablemente una economía saneada es la base de un buen funcionamiento social pero no podemos olvidar que la sociedad está formada por personas y que son ellas quienes consumen, quienes producen con su trabajo y quienes conforman la mayor riqueza que tiene un país. Por eso, de poco o nada sirve que el gobierno hable de salida de la crisis, de mejoría económica o de moderación de los precios mientras la cifra de personas desempleadas roza los seis millones en España, casi un millón y medio en Andalucía, y cada día negocios, nuevos y de toda la vida, se ven abocados al cierre en pueblos y ciudades. La falta de crédito asfixia a la ciudadanía y la realidad evidencia que sin flujo crediticio se dificultan enormemente la reactivación del consumo, la economía y la creación de empleo.
En muchas ocasiones se ha dicho que la crisis ha propiciado el hundimiento de la economía, sin embargo, en ese naufragio los primeros en salvarse no han sido la parte más vulnerable de la sociedad sino los que lo han provocado. Y se han salvado gracias en gran medida a las inyecciones de capital público recibidas y a las medidas adoptadas por los gobiernos centrales, incluyendo la intervención y las ayudas del Fondo de Reconversión de Ordenación Bancaria. En cambio, la banca ha sido incapaz de tenderle la mano a la ciudadanía y ha dejado que las familias y las pymes se ahoguen ante la falta de crédito.
De hecho, la banca ha dejado en evidencia su falta de responsabilidad social endureciendo los requisitos para préstamos o líneas de crédito a pymes así como las condiciones para la concesión de una hipoteca o de un préstamo personal y ha sido responsable directa de miles de desahucios cuando tenían en su mano poder haberlos evitado. Las condiciones crediticias son de tal magnitud que cuando una persona entra en una entidad bancaria y las escucha lo primero que se le viene a la mente es que si cumpliese todos los requisitos exigidos probablemente no tendría la necesidad de haber solicitado el préstamo.
El resultado de ese “cierre de grifo” es una situación de ahogo para las personas pero también para las empresas ya que sin crédito se hace casi imposible crear o mantener un negocio abierto. En Andalucía con un tejido productivo débil y un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas en sectores que requieren escasa especialización, como puede ser el comercio, con poco capital financiero, poco capital humano y ninguna inversión en maquinaria, tecnología y mucho menos en I+D, se hace necesario un fortalecimiento del mismo para ganar en competitividad. Eso es imposible si el crédito no llega al sector empresarial.
Consecuencia directa de esa falta de crédito es que en Andalucía las empresas cada vez tienen menos personas empleadas, incluso por debajo de la media nacional y las escasas contrataciones que hay se hacen con unas condiciones laborales precarias y eventuales en la mayoría de los casos. Por eso aunque desde CCOO saludamos iniciativas como la del Decreto-Ley de ayudas financieras a las pymes industriales de Andalucía, aprobado a finales de 2013, entendemos que estas tienen que nacer del diálogo y el consenso y establecer, en este caso concreto, como requisito indispensable, que las empresas que se beneficien de ellas estén haciendo una apuesta por la estabilidad laboral en sus plantillas y por reforzar el empleo de calidad. Parece claro que el binomio banca y social son dos conceptos antónimos pero, como por el bien social están condenados a entenderse, se hace necesaria la intervención pública como recogíamos en el programa de acción de nuestro último congreso y como lo hemos defendido ante el Gobierno andaluz entendiendo como prioritaria la creación de un instrumento público que facilite el flujo del crédito en épocas de restricción siempre, eso sí, sometido a criterios estrictos de supervisión y bajo parámetros de solvencia, eficiencia financiera y rentabilidad social.
Nuestra propuesta parte de la premisa de que el Gobierno andaluz negocie y gestione con el Estado un acuerdo que permita que de aquellas entidades que por la ingente cantidad de recursos públicos que han recibido podemos entender nacionalizadas, se ceda la parte que está implantada en Andalucía, de manera que nuestra Comunidad dispondría del personal, los edificios y la parte que proporcionalmente le corresponda del capital que el estado, y por tanto los contribuyentes, han aportado para su reconversión. Esta fórmula permitiría a Andalucía disponer de una red de oficinas suficiente y del personal especializado para llegar a todos los rincones realizando una función de intermediación con garantías de profesionalidad desde la proximidad y con un adecuado control de los riesgos. Somos conscientes de las dificultades que esta propuesta conlleva debido a la dependencia del Gobierno central pero en lo que no caben dudas es en la viabilidad de un instrumento público que se encargue de que el crédito llegue a familias y pymes.
La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre este asunto en el Parlamento y dice que la hará como proyecto Ley para darle mas seguridad jurídica.Desde CCOO consideramos que es un paso muy importante para devolverle a la sociedad lo que el propio sistema financiero le ha arrebatado pero, igual que la crisis ha llegado como un tsunami llevándose por delante, con la connivencia y empuje del Gobierno central, derechos laborales y sociales, el Gobierno andaluz no puede dormirse en las aguas tranquilas de la parsimonia que lo envuelve y tiene que actuar con celeridad para que la creación y puesta en marcha de ese instituto público de crédito, con dotación suficiente para dinamizar la economía andaluza, sea una realidad inminente porque imperiosa es su necesidad para la economía ciudadana. La estabilidad empresarial y de la ciudadanía, siempre con garantías laborales y sociales, no pueden quedar a la deriva porque de ellas depende que la salida de la crisis llegue a buen puerto.
Francisco Carbonero Cantador, secretario general de CCOO de Andalucía
