Se están cumpliendo los 25 años del arranque de la actividad comúnmente conocida como transferencia de tecnología, aunque en la actualidad se esté empleando con más frecuencia la expresión “transferencia de conocimiento”. En España comienza esta iniciativa entre los años 1987 a 1989 tras la entrada en vigor en 1986 de dos importantes leyes: la de Patentes y la conocida como Ley de la Ciencia. Esta última dio lugar, entre otras consecuencias, a la puesta en marcha de las OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como estructuras de interfaz entre los grupos de investigación y los sectores productivos.
Estamos, por tanto, en un momento adecuado para mirar con cierta perspectiva, hacer balance y proponer, si de dicho balance así se derivara, nuevas estrategias.
Hay una primera década, hasta finales de los 90, de arranque y consolidación de esas estructuras de interfaz en las que se va evolucionando desde unidades pequeñas “todo terreno” y dependientes para su supervivencia de las ayudas que proporcionaba el Plan Nacional de I+D hacia oficinas o agencias bien integradas en los organigramas de sus correspondientes entidades.
Un segundo periodo que empieza aproximadamente en el 2000, aunque se empiezan a generar distintas “velocidades” según cada Universidad u OPI, se caracteriza por el crecimiento de estas estructuras de apoyo a la transferencia, asumiéndose en algunos casos nuevas tareas, por ejemplo, lo relacionado con la divulgación y cultura científica y adoptándose nuevas figuras organizativas, lo que hace que aparezcan fundaciones universitarias también con actividad en tareas de transferencia.
La crisis económica y social, manifestada desde 2009 de forma generalizada, ha venido a suponer si no un parón en todos los casos, sí un enlentecimiento de la dinámica de crecimiento de la etapa anterior. La situación actual de la actividad de transferencia acusa esta situación:
– Han bajado en 2012 y 2013 algunos de los indicadores tales como el número de solicitudes de patentes presentadas por organismos públicos de investigación respecto a los datos de los tres años anteriores.
– Se ha producido un “adelgazamiento” de la estructura de trabajo en red de las OTRIS, RedOTRI, con la supresión de su Secretaría Técnica.
– La precaria situación laboral en algunas entidades que trabajan en transferencia, lo que las deja en una difícil situación para hacer frente a la demanda que siguen generando los grupos de investigación.
Hay, no obstante, algunos aspectos que suponen cambios esperanzadores:
– La aparición de Oficinas de Transferencia sectoriales, por ejemplo en el ámbito biosanitario, con un desempeño admirable.
– La iniciativa de actualizar la Ley de Patentes, en fase borrador de anteproyecto, que puede implicar una convergencia completa con la práctica de los países más avanzados.
-l La cada vez mayor profesionalización de las personas que trabajan en este ámbito y su toma de conciencia respecto a la necesidad de llevar la iniciativa en aspectos como la formación o la reivindicación de una carrera profesional, lo que ha dado lugar recientemente a la constitución de RedTransfer, asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación.
La actividad de transferencia en Universidades y OPIs no es una opción, es una necesidad y debe ser apoyada para el eficaz posicionamiento de dichas entidades dentro de una economía basada en el conocimiento.
Juan Martínez Armesto, Técnico de la unidad de protección de resultados y creación de EBTs del CSIC
