Siempre hemos tenido la velocidad de la luz como un referente de lo que puede ser ir rápido. En los viajes interestelares, la medición de las distancias las hacemos con el parámetro de los años-luz, y no con los kilómetros. La distancia métrica tendría demasiados ceros como para ser entendible. Pues bien, en España, el incremento de este numerario interestelar, está creciendo al ritmo de su propia definición, años-luz. Es difícil tener un cálculo exacto, pero en términos apróximados, en la última década se estima que el precio de la electricidad ha subido más de un 60%. Si atendemos al índice de precios al consumo (IPC), en la misma década, este referente del coste de la vida, lo ha hecho en menos de un 30%. Por lo tanto no ha ido el precio de la luz acompasado a nuestro poder adquisitivo, indexado normalmente a dicho IPC.
El Gobierno decidió, dentro de la tónica general de todos los gobiernos desde la democracia y que han generado un movimiento errático en material legislativa de contenido energético, liberalizar el mercado eléctrico. Pensaba el Gobierno, que al igual que había ocurrido con otros sectores, como por ejemplo en la telefonía móvil, liberalizar el Mercado podría generar un descenso de precios. Para ello, el sistema se dividió entre tarifa mayoristas -para la industria- y la Tarifa de Último Recurso (TUR) para 16 millones de hogares. Para la primera, se establecería un sistema de subasta al alza, diario, con toda la información completa en cuanto a la disponibilidad energética en dicho día, de tal forma que el sistema de subasta generaría un precio relativamente bajo.
Para los hogares, se establecería un sistema de subastas a la baja, marcando el Gobierno el máximo de inicio, con una validez de tres meses, y donde las operadoras intercambiarían precios y no cantidades de energía. Algo obvio al desconocer la operadora, si por ejemplo, habría sol o aire o una parada técnica en una central nuclear. El Gobierno se reservaría el 45% del precio final para fijarlo y evitar un crecimiento excesivo.
El resultado es que el sistema se le ha ido de las manos al Gobierno. Dos años de sistema rocambolesco, que ha incitado al sector financiero a introducirse en el sistema energético -no sólo a bancos españoles, sino tambien a extranjeros, que han entrado en tromba a controlar las energéticas españolas-. Y cuando en diciembre el sistema estableció una subida de más de un 10% en el Gobierno saltaron todas las alarmas. De momento se suspendió dicha subasta y dicho precio para la TUR. Ahora tenemos un nuevo sistema, más parecido al destinado para la industria, es decir, un precio marcado de forma diaria a partir del coste real de generación y más aún, con una variación del precio en función de las horas del día, subiendo eso sí, la parte fija del coste. El Gobierno estima que producirá una reducción del 3%. Realmente poco.
Lo que de momento está claro es que habrá que instalar un contador electrónico para quién no lo tenga. Que tendremos que enchufar nuestras lavadoras, lavavajillas y/o acumuladores eléctricos por la noche. Pero quien realmente va a ganar dinero con toda esta historia van a ser los electricistas reponiendo los contadores. Al menos alguien va a facturar más en los tiempos que corren.
En definitiva, un nuevo parcheo en el sistema. No tiene visos que sea algo definitivo y el sistema energético seguirá sin tener una definición clara de cuál debe ser el mix energético que realmente queremos para nuestro país, que dicho sea de paso, tiene una potencia instalada de casi tres veces las necesidades máximas que España puede tener en un momento dado.
Manuel Alejandro Cardenete. Catedrático de Economía. Director del Departamento de Economía Universidad Loyola Andalucía
