La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sevilla una denuncia contra dos altos cargos de la Agencia Andaluza del Agua –su director de Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano, y su directora provincial en Sevilla, Pilar Pérez- por la posible comisión de un delito de prevariación, expropiación ilegal y daños tipificado en los artículos 404, 541 y 263 del Código Penal. Esta denuncia es la respuesta de Feragua al corte de suministro total decidido por ambos el pasado 19 de mayo, sin previo aviso a las seis comunidades de regantes afectadas, el cual dejó sin agua a más de 100.000 hectáreas de regadío, cuando el caudal previsto en la programación aprobada por la propia Agencia Andaluza del Agua debía ser de 35 metros cúbicos por segundo.

Feragua considera a Javier Serrano el “autor intelectual” de esa decisión y a Pilar Pérez la “cómplice necesaria” por lo que imputa a ambos la responsabilidad de la adopción de “una decisión injusta, no adecuada a la legalidad y a sabiendas de estar generando un daño sin comunicarlo y sin poner en marcha medidas inmediatas para repararlo”. Para la primera asociación representativa del regadío de Andalucía, la muestra más evidente de la “clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad” de la citada resolución, y por tanto del delito de prevaricación cometido, es el hecho de que ambos no tuvieron la más mínima diligencia de comunicar la suspensión de suministro a las Corporaciones de Derecho Público afectadas, así como la inobservancia de las más elementales normas de procedimiento. En el caso de Serrano, la irregularidad de su actuación se agrava por la falta de competencia de la Dirección de Dominio Público Hidráulico en esta materia.

En cuanto al delito de expropiación ilegal, Feragua, expone, en su denuncia, que, “al no haber contado la administración con la aquiescencia de las Comunidades de Regantes afectadas, se ha producido una privación singular de unos caudales que legítimamente corresponden su aprovechamiento a sus comuneros, no respaldado por procedimiento administrativo alguno, por lo que nos encontramos ante la comisión de un delito tipificado en el artículo 541 del Código Penal”. Finalmente, la denuncia considera la conducta de ambos “constitutiva de un delito tipificado y penado en el artículo 263 del Código Penal, dado los daños causados al regadío de forma consciente.

La interposición de esa denuncia ha sido anunciada hoy por la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, que también ha informado que se exigirá a la administración una indemnización económica para compensar por los daños causados por el mencionado corte de suministro, tanto en motores como en cultivos, así como por los daños que está sufriendo el cultivo del arroz por la alta salinidad del estuario. Unos daños que Feragua estima en más de 6.455.640 euros. La presidenta de Feragua ha anunciado asimismo el inicio de movilizaciones para exigir el cese de los dos altos cargos de la Agencia Andaluza del Agua contra los que se ha interpuesto la denuncia en el Juzgado de Instrucción de Sevilla. Estas movilizaciones serán aprovechadas para demandar también un cambio de modelo en la gestión hidráulica andaluza, “sumida en el caos más absoluto tras la marcha de Palop y su equipo, y que está lastrada por un modelo en el que los criterios políticos y los intereses provinciales prevalecen sobre los criterios técnicos y profesionales y la gestión por cuencas”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Bustamante ha estado acompañada del presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Andrés del Campo, y del presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Julián Borja, que han mostrado su apoyo a Feragua en estas iniciativas. Todos han coincidido en la necesidad de recuperar una gestión hidráulica respetuosa con el principio de unidad de cuenca, que priorice los criterios técnicos y profesionales sobre los políticos.