Hay propuestas que nacen con un buen objetivo pero se vician por el camino. Algo parecido es lo que le puede suceder a la Garantía Juvenil, una recomendación de la Unión Europea asumida por los estados miembro para que los jóvenes menores de 25 años sin trabajo reciban una oferta de empleo, de prácticas o formación durante los cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios.
A priori puede parecer una buena iniciativa y, de hecho, lo sería si no se hace un uso inadecuado de ella como, a todas luces va a suceder. En España, donde cada día cierran empresas carece de sentido destinar los 1.900 millones que le corresponden al país, básicamente, al emprendimiento. No es que esté mal emprender, todo lo contrario, pero es conveniente que se haga con unas mínimas garantías que, en estos momentos, nuestro mercado económico y financiero no reúne. Quien quiera emprender que lo haga, pero no bajo una ilusoria perspectiva de futuro porque no se puede arrojar al 53% de los jóvenes que conforman la tasa de paro en España a la apertura de nuevas empresas que, lamentablemente, en muchos casos, tienen fecha de inicio y de fin, con la consecuente frustración de la persona joven que la pone en marcha y las consecuencias económicas para ella derivadas de su cierre. Otra de las cuestiones que hacen tambalear el objetivo de la garantía juvenil es la falta de concreción y la ausencia de diálogo con los agentes económicos y sociales. En diciembre el Gobierno central remitió a Bruselas el plan de implementación para España, tomando como punto de partida la ‘Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016’, y trasladó a las comunidades autónomas la distribución de los fondos, obviando las aportaciones realizadas por sindicatos y empresarios y sin tener en cuenta la verdaderas necesidades del mercado de trabajo en España.
Meses después nos encontramos con el anuncio del Gobierno central de que las personas que deseen ser beneficiarias podrán inscribirse en un registro que estará operativo en el mes de julio sin que, a estas alturas, se sepa cuáles son los mecanismos para ello o cómo las comunidades autónomas van a hacer uso de los fondos concedidos por el Estado, cuando les llegue, porque mientras que eso sucede tendrán que poner el dinero de sus arcas pese a que muchas aseveran encontrarse en números rojos.
Esto nos sitúa ante un panorama caótico, que una vez más evidencia el interés del Gobierno central por dar titulares más que por ofrecer medidas realmente eficaces para combatir el desempleo. En Andalucía el Gobierno andaluz ha expresado su voluntad de ampliar la edad de las personas beneficiarias de los 25 a los 29 años y, aunque ese “esfuerzo” es de valorar, tampoco soluciona ni se ajusta a la realidad de un mercado laboral donde las personas paradas de larga duración, muchas de ellas mayores de 40 años, están condenadas a malvivir tras agotar sus prestaciones y ayudas a la espera de un trabajo que no llega porque la prioridad en las agendas políticas sigue sin ser el empleo por mucho que así lo aseguren los partidos políticos.
El ‘bono joven’ en Andalucía es otro ejemplo de política ineficaz que constata que el problema no es que la juventud no quiera trabajar sino que no puede hacerlo. 200 contratos firmados de los 3.700 que perseguía el Gobierno andaluz es una cifra suficientemente clarificadora de la ineficacia de la medida y evidencia una realidad que para CCOO es incuestionable, que no se pueden hacer políticas que al final lo que hacen os precarizar el mercado laboral. Por eso resulta incomprensible el anuncio realizado, otra vez como “novedoso”, de la Junta de Andalucía, de un conjunto de medidas urgentes para combatir el desempleo de la juventud en la línea de la Garantía Juvenil con prácticas, autoempleo y bonificaciones a contratos como ejes pero con la precariedad como denominador común a todos ellos.
Desde CCOO abogamos por la puesta en marcha, tanto en España como en Andalucía, de un ‘Plan de Empleo’ dentro del que se insertaría un ‘Plan Integral de Empleo Juvenil’ que, de verdad, diese respuesta a una tasa de paro insufrible que lastra el futuro de nuestro país en el caso de la juventud y arruina el presente de miles de personas de mediana edad que se ahogan ante la imposibilidad de encontrar un empleo, y mucho menos decente. Porque la precariedad es la otra pata de muchas de estas iniciativas, que como en el caso de la Garantía Juvenil bonifica a las empresas por contratar a personas menores de 25 años pero no determina bajo qué condiciones ni tiene en cuenta si la empresa en cuestión ha llevado a cabo despidos de otras personas, con condiciones laborales dignas, para contratar a jóvenes en precario que las sustituyen y, encima, se benefician de bonificaciones.
En CCOO apostamos, saludamos y valoramos que tanto desde la Unión Europea, como desde España y Andalucía se pongan en marcha iniciativas encaminadas a erradicar el tremendo drama del desempleo, lo contrario sería inconcebible, pero en lo que estamos totalmente en contra y seguiremos combatiendo con propuestas y movilizaciones, cuando correspondan, es que esas iniciativas se pongan en marcha sin ajustarse a las verdaderas necesidades de nuestro mercado laboral y tenga como objetivo principal maquillar las cifras del paro mientras la precariedad se instala en el mercado de trabajo.
La situación es complicada, es cierto, pero también lo es que pueden ponerse en marcha medidas que la mejoren y la clarifiquen para conseguir que el positivismo no sea solo patrimonio de unos pocos sino de la inmensa mayoría. Para ello, en CCOO consideramos que la Garantía Juvenil no puede ser vendida por los gobiernos ni vista por la ciudadanía como la panacea, entre otras cuestiones porque no está dotada de recursos suficientes para acabar con el problema del desempleo, pero sí entendemos que el objetivo para el que surge es bueno y por lo tanto debe ser el espíritu que impregne otras medidas que se pongan en marcha para luchar contra el paro, siempre que no se vicie en su desarrollo.
Queremos propuestas, pero no para dar titulares sino para garantizarle un futuro digno a la juventud y un presente de calidad a toda la ciudadanía.
Francisco Carbonero Cantador, secretario General de CCOO de Andalucía
