Con más de 1,4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo y más de 51.200 empresas cerradas desde 2008, Andalucía se encuentra en una situación de emergencia social a la que es prioritario dar solución.
El Gobierno central lleva desde que comenzó su mandato empecinado en acabar con los derechos sociales y laborales bajo la excusa de la crisis y de los mandatos de la derecha Europa, pese a que ya ha quedado demostrado que sus recortes y medidas indiscriminadas solo han traído consigo desempleo, falta de protección social y una dramática situación para cientos de miles de familias.
En nuestra Comunidad esos recortes y medidas se han dejado sentir en buena parte de la ciudadanía pese a los intentos, -no siempre todo lo decididos que la situación requiere-, del Gobierno andaluz. Ejemplo de ello es que, contando con una herramienta tan potente y eficaz como es la concertación social, esta sigue sin recibir el trato que merece y, con ella, la ciudadanía andaluza. De ahí el reclamo que las organizaciones más representativas de Andalucía, CCOO, UGT y CEA, le hemos hecho a la Junta emplazándola a reactivar el diálogo y la concertación, como elementos claves para situar a Andalucía en la senda del crecimiento económico y social.
La concertación ha sido y es una herramienta que durante más de veinte años ha contribuido al desarrollo económico y social de Andalucía, consolidando un modelo de relaciones laborales y de negociación colectiva cuyo objetivo central es la resolución de conflictos laborales mediante el diálogo. Un modelo que ha posibilitado que, incluso en un período de especial confrontación en el ámbito de las relaciones laborales debido a los efectos de la reforma laboral, el 64% de los conflictos llevados al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), dependiente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), hayan acabado en acuerdo o que se hayan evitado 1.400.000 horas de huelga en Andalucía, con la consecuente descarga judicial que implica. Sus beneficios son constatables también fuera de la empresa, pues si por algo se ha caracterizado la concertación ha sido por ampliar y mejorar los derechos sociales, unos derechos que ahora tratan de arrebatarnos con la crisis como pretexto y que hacen, más necesaria si cabe, la puesta en marcha de un nuevo acuerdo de concertación. No se trata de inventar nada nuevo sino de aplicar la hoja de ruta que ya existe y que repercute en positivo en las relaciones laborales y en la sociedad.
Precisamente esos son los ejes sobre los que pivota el documento entregado a la presidenta del Gobierno andaluz por nuestra parte. Tres ejes que marcan la recuperación del empleo y la reactivación económica; un modelo de crecimiento basado en la competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión y la igualdad social; y la garantía de los derechos sociales recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, como pilares hacia una Andalucía que tiene que alejarse del 36% de desempleo, del casi el 50% de jóvenes menores de 30 años que no pueden trabajar aunque quieren hacerlo y de las más de 760.000 personas al borde de la exclusión al no recibir ya ningún tipo de prestación.
Es cierto que el VII Acuerdo de Concertación, -vigente desde 2010 hasta 2013-, y la Estrategia para la Competitividad de Andalucía (ECA), no se han podido llevar a cabo en plenitud al ser inviable económicamente por la crisis, y por las serias dificultades financieras de la Junta para desarrollarlos. Pero no todo ha sido falta de financiación, también ha habido falta de voluntad política porque si no, no se explica que en la ECA, que estaba dotada con un presupuesto de 55.000 millones de euros, solo se hayan invertido 35.000 millones, o que haya una parte importante de medidas del VII Acuerdo que no se han puesto en marcha pese a que el presupuesto de 19 mil millones de euros con los que estaba dotado no se ha agotado.
Además hay que recordar que tras el nombramiento de la actual presidenta de la Junta se produjo una reunión a tres bandas en la que el gobierno andaluz mostró su intención de retomar la concertación sin que aún se haya producido el acuerdo.
Se han dado avances en la materia y el Gobierno de Andalucía ha presentado un primer borrador para la ECA 2014-2020, que contempla un paquete amplio de medidas y un cuadro de veinte objetivos para dialogar con las organizaciones sindicales y empresariales. Pero Andalucía ya va tarde y el Gobierno no puede demorar por más tiempo este tema. Nuestra comunidad se juega mucho, y no es lógico que nuestra Andalucía, que ha sido pionera en diálogo social y en implantar un modelo basado en el consenso anteponiendo el interés general de la ciudadanía a intereses particulares, se esté quedando en el vagón de cola frente a otras comunidades autónomas que están demostrando mucha más agilidad para situarse en buen lugar de cara a la obtención de fondos europeos. Lo importante no es el modelo sino alcanzar acuerdos que beneficien a nuestra tierra porque, contrariamente a lo que algunas personas puedan pensar, la alternativa al consenso es la confrontación y esta no es buena para ninguna de las partes. Por eso, nuestro llamamiento al impulso de la concertación nace con un afán constructivo y desde la idea compartida y unitaria de que nos importan Andalucía y los andaluces, pero tampoco podemos obviar que el tiempo apremia y que la concertación, junto con los convenios colectivos, son las principales herramientas para disputar la distribución de la riqueza en el centro de trabajo y en la sociedad y que esta sea más justa e igualitaria.
Hay que recordar que la concertación no se acoge a ningún presupuesto extraordinario sino que su dotación se recoge en los presupuestos como los de cualquier otra materia y como tal, la responsabilidad exclusiva de su ejecución le corresponde al Gobierno y su control al Parlamento. Los agentes económicos y sociales no tenemos ninguna responsabilidad en su ejecución presupuestaria pero aún así, desde CCOO, UGT y CEA le hemos reclamado a la Junta celeridad para que las medidas que se recojan en el Acuerdo, previamente consensuadas con los agentes económicos y sociales legitimados para tal fin, puedan tener cabida en los presupuestos y evitar, que por un retraso en el calendario, alguna de ellas no puedan desarrollarse por falta de dotación presupuestaria. En Andalucía necesitamos un cambio de modelo productivo y un impulso a los sectores productivos con especial hincapié en el industrial, empresas con músculo financiero y que se cree empleo estable y con derechos más allá de la estacionalidad y del sector servicios. Tenemos la herramienta que puede motivar ese cambio bueno para nuestra economía y para la mayoría ciudadana, así que solo queda que haya voluntad, por nuestra parte la hay y por el bien de Andalucía, no debe hacerse esperar.
Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO de Andalucía
