El Gobierno español respaldó ayer un acuerdo para la reforma del sector del azúcar en la UE muy lesivo para los intereses españoles, confirmando así los temores de este sector, que durante meses había advertido de los peligros que suponía para la supervivencia de este cultivo, si se aceptaba la propuesta de la comisaria de Agricultura, Fischer Boel.

Aunque la propuesta inicial se ha mejorado levemente, de una reducción del precio del 39% se ha pasado al 36% y de una compensación por abandono del cultivo del 60% se ha aprobado finalmente un 64,2%; el sector reaccionó ayer con un evidente malestar ante una realidad que afectará a unos 120.000 empleos en España, fundamentalmente en Andalucía, Castilla y León y Castilla y La Mancha. Además, este acuerdo también puede incidir en la supervivencia de 12 fábricas.

Tras tres días de arduas negociaciones los veinticinco consiguieron llegar a un acuerdo en la reforma del azúcar, que llevaba más de cuarenta años sin ser reformado y que a partir de la campaña 2006 deberá atenerse a lo acordado ayer en Bruselas.

La novedad de la nueva reforma se centra en un recorte final del precio del azúcar del 36% y no del 39%, tal y como propusieron la presidencia de turno británica y la Comisión Europea el pasado martes al comienzo de las negociaciones. España había peleado por reducir ese recorte, que además se aplicará en un período de cuatro años (de 2006 a 2010) y no en dos como se había acordado en un principio.

La reforma recoge también una compensación para quienes decidan abandonar la producción, que equivaldría al 64,2% de las pérdidas de renta causadas por el recorte de precios. España cuenta además entre los cinco países que recibirán una compensación por precio variado, es decir, una ayuda extraordinaria de 10,7 millones de euros anuales durante cuatro años.

La ministra de Agricultura, Elena Esspinosa, aseguró que este acuerdo es satisfactorio para España y hace «viable» que continúe la producción y que quien quiera abandonarla lo haga en condiciones ventajosas. Además, afirmó que la negociación «fue dura y a cara de perro», pero al final ha habido resultados positivos para España.

Ninguna organización agraria respaldó ayer la postura adoptada por la ministra de Agricultura, Elena Epinosa, a la que acusa de no haber sabido negociar y de aceptar esta propuesta, ante el temor de que le sucediera lo mismo que en la reforma del algodón, que por no aprobarla en un primer momento, luego recibió menos dinero que el planteado inicialmente.

Las primeras reacciones se produjeron en Valladolid, donde agricultores convocados por Asaja incendiaron neumáticos en el centro de la capital, lo que provocó cortes de tráfico y la intervención de los bomberos.

Las organizaciones agrarias han lanzado calificativos como «catástrofe», «demoledor», «rotundo fracaso» y «entierro de primera» los términos del acuerdo; mientras que el PSOE asegura que «es un buen acuerdo que garantiza la viabilidad del sector. La negociación que ha hecho el Gobierno español ha sido firme, rigurosa y responsable con la búsqueda de una resolución justa y equilibrada», según señala la secretaria federal de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez.

Desde la COAG, el coordinador de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, acusó al Gobierno de no haberse «tomado en serio a los remolacheros españoles» y se pregunta «qué ha dado a cambio» España para aceptar este acuerdo. Esta organización advierte que el cultivo desaparecerá y supondrá la pérdida de 200 millones de euros de volumen de negocio al año, el abandono de 30.000 productores y la pérdida de 4.000 empleos directos y 150.000 indirectos.

Desde Asaja, su presidente Pedro Barato afirmó que el acuerdo sólo beneficiará a quien quiere dejar el cultivo y perjudica a quien quiera mantenerlo, añadiendo que habrá un abandono como mínimo del 50%.

Barato calificó el acuerdo de «muy negativo» y recordó que ellos ya habían dicho que la minoría de bloqueo que Espinosa había anunciado «no tendría ningún éxito».

Para la UPA, el acuerdo es «demoledor, decepcionante y regresivo» porque «expulsará del sector a miles de profesionales y sus familias que viven de esta actividad productiva».

El portavoz de la Confederación Nacional de Remolacheros, José Miguel Herrero, considera que con las ayudas de esta reforma la Comisión Europea «nos quiere pagar un entierro de primera»; mientras que el presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, Ricardo Martín, la reforma «no se sostiene y está muy alejada del mínimo de pretensiones».

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que el acuerdo «no es bueno» y entiende que el Gobierno «se baja los pantalones» cuando negocia en Europa, como en el caso del Plan de Estabilidad. Asimismo, contrapuso «la sonrisa y el talante con los acuerdos de otros»

Igualmente, el secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, considera que el acuerdo supone «la sentencia de muerte del sector del azúcar a partir del año 2010». El dirigente popular califica de «nuevo fracaso cosechado por el Gobierno de Zapatero» el resultado de la negociación y se pregunta «dónde ha escondido la ministra esa minoría de bloqueo de la que tanto presumía y que ahora ha saltado por los aires desde el momento en que la señora Espinosa se sumó a un acuerdo gravemente perjudicial para España, en lugar de mantener la dignidad de los agricultores españoles».

Arias Cañete criticó que Zapatero no haya hecho de este problema una cuestión de Estado, subrayando que «está claro que el presidente estaba demasiado cansado para intervenir en esta reforma. Ni siquiera en su reunión clandestina con el presidente de la Comisión fue capaz de sacar un tema qu él había considerado de Estado».

Finalmente, Ebro Puleva, una de las empresas con más presencia en el sectror azucarero, valoró «positivamente» la propuesta, aunque reconoció que la industria tendrá que reducir su negocio.