Hay fechas que marcan un antes y un después en la historia de un país y, sin duda, el 20 de noviembre es una de ellas y no solo porque ese día se cerró en 1975 uno de los capítulos más negros de nuestra historia, sino porque 36 años más tarde, ese mismo día los derechos sociales, laborales y la igualdad de oportunidades, fueron sentenciados a muerte con la victoria del Gobierno del Partido Popular en las elecciones generales.
Han pasado casi tres años desde entonces y si tuviese que resumir lo que va de mandato en una sola palabra diría que la que mejor lo engloba es “pobreza”. Pobreza porque es lo que ha generado su política para la mayoría ciudadana y porque pobres son sus medidas, pobres en contenido y faltas de ingenio para sacar a este país de una crisis en la que se ha visto envuelto por el mal hacer de los mercados financieros, y que ha sido aprovechada para pisotear los derechos laborales, sociales y civiles de la mayoría ciudadana, destruyendo la igualdad de oportunidades.
Este verano leía una frase del presidente del Gobierno que, cuanto menos invita a la reflexión. Decía, y cito textualmente “al llegar al Gobierno fijé como prioridad respetar los pilares básicos del Estado del Bienestar”. Que diga eso el presidente del Gobierno que más recortes ha hecho en la historia de la democracia, que más ha empobrecido a la ciudadanía y que más políticas que atentan contra el estado social ha puesto en marcha, es para preguntarse si se trata de una broma de mal gusto o si es que en el universo paralelo en el que está instaurado el PP, respetar y destruir equivalen a la misma acción.
Desde antes que comenzara la crisis, en CCOO siempre hemos tenido claro que la alternativa a la política de destrucción, pasaba por reorientar el modelo productivo y así lo trasladamos en multitud de ocasiones a todos los estamentos políticos. Ahora, una política fiscal que permita una mejor y más justa redistribución de la riqueza, para poder así desarrollar las políticas públicas necesarias, junto con esa reorientación, son ya ineludibles si queremos salir de la crisis. Esas han de ser las bases sobre la que pivote la política económica para poder aumentar el poder adquisitivo de las personas, y con ello el consumo y la demanda interna. Esas son las medidas a tener en cuenta si el Gobierno, de verdad, quiere cumplir con la “prioridad” de su mandato.
Desde luego esas son las prioridades de CCOO y nuestras propuestas de renta básica o de reforma fiscal, entre otras, así lo corroboran. Una renta básica de inclusión socio-laboral que se establezca como derecho, viable y eficaz, y que ya ha sido llevada al Parlamento andaluz con el consenso y el respaldo de las organizaciones sociales que conforman la ‘Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía’; y una propuesta de reforma fiscal, encaminada a un mejor reparto de la riqueza frente a la presentada por el PP, que acrecienta la brecha entre ricos y pobres y provocará nuevos recortes en un ya malherido sistema público al haber una menor recaudación tributaria.
Decía también el Gobierno que “no podemos aceptar el pesimismo en nuestro país porque es falso”. Sin embargo los datos indican que su reforma laboral ha contribuido a que en dos años la población asalariada haya descendido en más de 1.200.000 personas, a que se hayan destruido casi 800.000 empleos indefinidos, a una devaluación salarial por encima del 10%, a que 1.978.900 hogares no tengan ningún ingreso, o a que el descenso del desempleo responda a contrataciones de dos o tres horas, que favorecen la economía sumergida, la explotación laboral, el fraude empresarial e, incluso, la competencia desleal entre las empresas. La población en riesgo de pobreza supera ya el 27% en España, al tiempo que siguen aumentando las ejecuciones hipotecarias porque las familias no pueden pagar sus hipotecas, esas que con tanta facilidad se concedían hace apenas seis años bajo la premisa del todo vale. A tenor de estos datos, y son solo una pequeña radiografía del panorama actual, el “falso pesimismo” del que habla el Gobierno es, en realidad, mucho más certero y cercano a la realidad que su ilusorio optimismo.
Pero si en algo tiene razón el Gobierno central es que no podemos instaurarnos en el pesimismo y, de hecho, la sociedad está dando buena cuenta de ello. Precisamente por eso el PP pretende instaurar el miedo en la ciudadanía para que esté callada ante las tropelías que comete a base de leyes que restringen los derechos civiles, adueñándose de decisiones que competen a la persona como es el derecho a ser o no ser madre, o como la Ley de seguridad ciudadana, que ha ido de la mano de una ofensiva sin precedentes en la historia de la democracia contra el derecho a la huelga y la criminalización sindical que ha provocado el rechazo, incluso, de la propia patronal de este país.
Aún falta más de año y medio para que termine su legislatura y lo que queda por venir no parece que vaya a enmendar el daño hecho en este tiempo al mercado laboral, a lo público y, por ende, a la mayoría ciudadana. Y temiendo que el silencio social que quiere imponer se transforme en rebeldía en las próximas elecciones, quiere cambiar hasta la ley electoral para que la elección de los alcaldes se haga de forma directa. A lo mejor si dedicase esos esfuerzos a hacer otro tipo de políticas más justas y equitativas, no tendría que buscar fórmulas poco democráticas para garantizar su continuidad.
En CCOO entendemos que no se trata de gobernar por encima de todo y a cualquier coste, sino de trabajar para garantizarle a todas las personas unos derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en igualdad de oportunidades. En cambio, tras casi tres años de mandato, me temo que el Gobierno está muy alejado de la “prioridad” que, supuestamente, iba a marcar su agenda, porque si por algo se caracteriza su política no es, desde luego, por respetar los pilares básicos del Estado del Bienestar.
Francisco Carbonero Cantador. Secretario General de CCOO de Andalucía
