Esta mañana ha tenido lugar en la sede de UPTA Andalucía la presentación de la Plataforma andaluza ‘No al cerrojazo’, de afectados por el fin de la moratoria de los contratos de renta antigua.
En la presentación han asistido, además numerosos afectados, Inés Mazuela, secretaria general de UPTA Andalucía; Ángel Rodríguez, impulsor de la Plataforma Afectados de Granada; Mª Carmen Barrera, secretaria institucional y área externa de UGT Andalucía; e Isabel Moya, miembro del gabinete jurídico de FACUA Andalucía.
La secretaria general de UPTA Andalucía comenzó explicando que el próximo 31 de diciembre, se extinguirán los denominados Contratos Arrendamiento de Renta Antigua, que afectará, a todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad a mayo de 1985. La Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, que es la que lo dispone, establecía una moratoria a la extinción de estos contratos debido a la negativa situación económica del momento. Esta moratoria, tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.
Sin embargo, señalaron los presentes, la situación económica actual no es, ni mucho menos, mejor que la de la fecha de la aprobación de la Ley.
Según Mazuela, “la entrada en vigor de la nueva Ley supondrá un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Si nada lo impide, el día 1 de enero de 2015, inevitablemente, se producirá el cierre masivo de miles de empresas fuertemente arraigadas en nuestras ciudades, que se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta de tal magnitud harán inviable su supervivencia”.
Según señala UPTA Andalucía, las consecuencias podrán ser, entre otras:
– Posibilidad de cierre de más de 100.000 empresas de, al enos, 30 años de antigüedad, que han participado en el desarrollo histórico, social y económico de las ciudades.
– Más de 300.000 personas, de edad media avanzada, se verán avocadas a la pérdida de su puesto de trabajo, engrasarán las filas del paro y, difícilmente, podrán reincorporarse a su vida laboral.
– Desertización de las ciudades con la consiguiente degradación urbanísitca de sus principales ejes comerciales, generando nefastas consecuencias para las empresas supervivientes, así como, un incremento en la percepción de inseguridad para el turismo y ciudadanía.
– El consumidor perderá la atención personalizada, sufrirá encarecimiento de los precios y verá limitada su posibilidad de compra de proximidad.
Para Ángel Rodríguez, la situación que puede darse se podrá calificar de “auténtico drama”. Por último, señalaron que tienen las esperanzas puestas en que finalmente se apruebe una moratoria que no ponga en peligro a miles de puestos de trabajos y centenares de negocios tradicionales.