El Fondo Monetario Internacional con la señora Lagarde al frente parece obstinado en mantener la condena a los ciudadanos europeos en general, y a los andaluces en particular, obligándonos a seguir soportando los tremendos costes de una crisis que han causado los representantes del capital, pero de la que ellos, junto con el resto de organismos económicos nacionales e internacionales, son tan culpables como los primeros al no haber sido capaces de controlarlos en un claro ejemplo de dejación de funciones.
Al igual que le pasa al Gobierno de Rajoy, el FMI parece no ser capaz de diseñar un plan, una hoja de ruta que nos haga, de una vez por todas, lograr superar esta crisis en la que ya llevamos siete años inmersos. Las tremendas contradicciones que están poniendo de manifiesto durante estos días dejan en evidencia la labor de este cuestionado organismo.
Por un lado entonan el “mea culpa” en lo que a sus predicciones económicas se refiere. Si tiramos levemente de hemeroteca podremos comprobar, fácilmente, como desde 2010, cuando comenzó a hablarse de los famosos brotes verdes, sus estimaciones anuales de crecimiento económico han sido un desastre. Además, el motivo de dichos despropósitos siempre ha sido el mismo, unos alardes de optimismo que, al no estar sustentado en la más mínima realidad estadística, ni tan siquiera lograban mejorar las expectativas de los inversores. Desgraciadamente, esta lección del vacío alardeo de optimismo económico fue aprendida por el Partido Popular y por su Gobierno el primer día de clase.
A pesar de ello, aunque día tras día se pone en evidencia la tremenda ineficacia de las políticas de recortes y de destrucción del que en su día se vino a llamar Estado Europeo del Bienestar, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) continúan solicitando a los países y a los Estados Miembros, a boca llena, nuevas reformas (eufemismo político para no utilizar el tabú recorte) y más políticas de control del gasto público, todavía encaprichados con su idea de que lo fundamental es cumplir con los macroeconómicos compromisos de déficit público.
Pero lo cierto es que no, que es mentira que el control del déficit sea lo más importante. Lo realmente necesario es crear empleo, generar nuevos puestos de trabajo y comenzar a incrementar los salarios.
Los sindicatos hemos sido tremendamente responsables cumpliendo, todos estos años, con los compromisos adquiridos en materia de negociación colectiva, especialmente en lo que a incrementos moderados de los salarios se refiere. Otros agentes económicos no pueden decir lo mismo.
Como decimos, el conjunto de la economía mundial, la europea, la estatal y, sobre todo, la política económica andaluza debe dar un giro de 180º, tal como exige ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT). Organismos como el FMI o el BCE tienen ya que dejar de mentir a la ciudadanía, ya está bien de apostar por políticas económicas procíclicas que lo único que propician es alargar en el tiempo los negativos efectos de la crisis al tiempo que hacen que los verdaderos culpables de esta situación continúen engrosando sus márgenes de beneficio especulativo, ni tan siquiera empresarial.
Es cierto que es importante lograr una mejora de nuestros datos macroeconómicos, pero ese no es ni debe ser el objetivo sino una consecuencia que, en el medio plazo, sobrevendrá a partir del logro del que sí debe ser el principal fin de toda política socioeconómica: la creación de empleo. La economía no es una ciencia exacta, pero no hay que ser un Nobel en esta ciencia para darse cuenta de que, a partir de la incentivación a la creación de empleo (aunque ello suponga un incremento de los gastos públicos a corto plazo), crece la inversión, aumenta el consumo, mejoran las expectativas económicas y, a la larga, vía incremento de recaudación fiscal (IRPF, IVA…) lograremos reducir el déficit económico. Desgraciadamente, el FMI solo es capaz de reconocer esta cuestión con la boca pequeña.
Por todo ello, desde UGT Andalucía exigimos a los Gobiernos de España y de Andalucía que gobiernen para los ciudadanos, para la mejora real de los niveles de vida de éstos de forma que, la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, sea el único y legítimo fin de la Administración Pública.
Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía
