La AESP (Asociación Española de Servicios a la Persona) vuelve a poner en relieve el importante papel que el sector de los servicios a la persona ejerce sobre la economía de un país y la creación de empleo. En esta ocasión, la Ley Borloo ha servido como modelo de análisis para intentar determinar cuáles son los pasos que debemos seguir a nivel legislativo en España. Bajo el nombre “Los Servicios a la Persona: Fuente de Empleo y Nuevos Negocios. Análisis práctico de la experiencia francesa: Ley Borloo”, expertos de las principales instituciones públicas, privadas han tratado de definir qué puntos debemos abordar para que una Ley de servicios a la persona sea posible.
Durante la jornada, hemos escuchado la intervención de D. Octavio Granado, Secretario de Estado de Seguridad Social, quien ha declarado que: “en España no tenemos economía sumergida, sino un volumen enorme de economía informal que es lo que debemos evitar”, además Granado comentó que en nuestro caso el famoso cheque CESU francés podría generar “compra de pensiones”, un fenómeno que desde hace años trabajamos para evitarlo. Por otro lado, D. Tomás Burgos, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, ha dejado claro que “en su grupo parlamentario abogan por un acercamiento entre la administración pública y la empresa privada, puesto que la diversificación y la libertad de elección del ciudadano refuerza el Estado del Bienestar”. Tanto Granados como Burgos dejaron patente que estamos en periodo electoral y que por lo tanto sus palabras eran un adelanto a sus respectivos programas electorales, diseñados para las elecciones del próximo 20 de Noviembre.
La AESP defiende desde su origen la regulación de los servicios a la persona, en su mayoría desarrollados en economía sumergida. En este sentido, la conferencia de hoy ha intentado determinar cuáles son las posibles barreras legislativas y puntos de encuentro con el resto de las normativas europeas, en especial con la ley Borloo, aprobada en Francia en 2005. Para ello, Dª. Nathalie Renaudin, miembro Consejo de Administración de EFSI, ha explicado los resultados de dicha ley en el país galo y ha resaltado las coincidencias entre ambos sistemas. “El sector de servicios a la persona es decisivo para la creación de empleo, además de mejorar las condiciones laborales y facilitar la conciliación”, ha asegurado a través de datos como son la creación de 15000 nuevas empresas y colectividades, además de la contratación de más de 2 millones de asalariados en tan solo 3 años.
La opinión de Europa
La Estrategia Europa 2020 puesta en marcha por la Comisión Europea tiene como objetivo un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, donde los Servicios a la Persona ocupen un lugar relevante. Tal y como vimos durante la Conferencia Europea de Servicios a la Persona que la AESP organizó en octubre de 2010, los organismos trabajan ya con el propósito de definir nuevas calificaciones para nuevos empleos, cuya misión se basa en conciliar cualificaciones y definir los perfiles de los empleos que se van a desarrollar para atender a las nuevas necesidades de la sociedad. Un mercado de trabajo que de manera integradora, sea capaz de aportar soluciones a los retos a los que se enfrenta Europa en un nuevo contexto económico mundial y que atienda al bienestar de la sociedad.
Avance de la Ley
El pasado mes de mayo, D. Carles Campuzano, Diputado de CIU, presentaba una Proposición no de Ley por la que instaba al Gobierno a desarrollar un proyecto de Ley de regulación del sector de servicios a la persona. Convergència i Unió está convencida de que se puede dar un gran impulso a la creación de empleo en un sector que puede ser el nicho de trabajo más importante actualmente y desde luego, para la próxima década, y una de las claves para el crecimiento económico de nuestro país. Además, Campuzano ha hecho referencia a “que es necesario repensar a fondo la Ley de Dependencia puesto que la cooperación entre las administraciones y la empresa privada podría ser una solución para hacer emerger a la economía sumergida”, además, Campuzano aseguró que evitar la economía informal solo depende de la voluntad del Gobierno.
