A primeros de noviembre el Gobierno andaluz desvelaba la cuantía de los presupuestos de 2015 para Andalucía, 29.625 millones de euros y, como era de esperar, teniendo en cuenta el recorte presupuestario de más de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, las cuentas no salen, de manera que nos encontramos ante unos presupuestos incapaces de cubrir el incremento de las necesidades de la ciudadanía, pese a ser la primera vez en este período de crisis que se rompe la tendencia de disminuir el gasto en la prestación de servicios públicos, produciéndose un leve, aunque insuficiente, repunte en sanidad y educación.
Sin perder de vista que el Gobierno andaluz se encuentra en una tesitura complicada para ajustar un presupuesto en la situación actual, no podemos obviar que su actitud para hacerle frente a la discriminación del Gobierno central tampoco ha sido la más idónea, porque la Junta se ha instaurado en el lamento permanente y le está faltando coraje y valentía para, situándose del lado de las personas, plantearle al Gobierno central una propuesta que conlleve un cambio de políticas y un plan urgente para Andalucía. El lamento no puede convertirse en el compañero de viaje del Gobierno andaluz porque el deterioro de los servicios públicos y el empleo pueden ser consecuencia de una política directa de fulminación y privatización, como ocurre en las comunidades en las que gobierna el PP, pero también pueden llegar de la mano de la “dejación y del dejar hacer”. Esta segunda es la opción por la que parece haber optado Andalucía y hay que cambiarla.
Y hay que hacerlo ya, porque los Presupuestos Generales del Estado, en la senda continuista de años anteriores, recortan por cuarto año consecutivo; recortan en prestaciones sociales y en políticas de empleo, desmantelan la atención a la dependencia, debilitan el sistema sanitario público y universal donde se han destruido 7.000 empleos, siguen sin recuperar el recorte en la inversión en I+D+i y en educación, y no recuperan la inversión pública que permitiría reactivar la economía y generar empleo.
Recortan y discriminan porque, por cuarto año también, asfixian a Andalucía con 606 millones de euros menos y un 17,4% del total destinado a las regiones cuando nuestro Estatuto de Autonomía establece un mínimo del 17,8% y, en un momento, en el que las personas necesitadas de empleo y protección social van en aumento. Si la excusa del Gobierno central para llevar a cabo sus reformas es la crisis, el paraguas bajo el que ampara sus recortes presupuestarios es el del cumplimiento del artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011 por el Gobierno del PSOE con apoyo de PP. Esa modificación ha tenido efectos perversos para el bienestar social ya que se ha puesto el cumplimiento del déficit por encima de las necesidades más básicas de las personas. Tanto es así que nos hemos visto obligados a presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento junto a organizaciones sociales, para pedir una renta básica de inclusión como derecho para aquellas personas más necesitadas. Nos hubiese gustado no tener que llegar a este extremo porque lo que reclamamos no es más que el cumplimiento de algo ya reconocido en el artículo 23 del Estatuto, pero la dejadez de los partidos políticos encargados de ponerlo en marcha no nos han dejado otra alternativa. Estos presupuestos tenían que haber reflejado esa medida pero, además de obviarla, ha mantenido la misma cuantía presupuestaria del año anterior, -152 millones-, a garantizar el salario social, cuando el número de personas necesitadas es más elevado. La consecuencia es de pura lógica, peor calidad de la atención y merma de las opciones de inclusión de las personas que se encuentran en situaciones límite.
Las personas dependientes siguen la misma suerte con una cuantía similar al año anterior, lo que añadido a la reducción de la aportación por parte del Estado, hace que la brecha entre las necesidades de las personas y los recursos para su atención siga creciendo. Es intolerable que más de 56.000 personas sigan esperando en Andalucía para ser incorporadas al sistema de prestaciones.Tanto el gobierno central como el andaluz defienden que su prioridad es el empleo pero estos presupuestos contradicen sus discursos y en el caso de Andalucía nos encontramos con un repunte de 46 millones de euros en la partida de políticas activas de empleo, cuando desde 2011 el recorte que se ha dado supera los 400 millones y cuando llevamos tres años en una situación de parálisis total. Estamos pues, ante unos presupuestos aún muy alejados de poder responder a las necesidades de la mayoría ciudadana y, hasta el esfuerzo realizado en el presupuesto andaluz para iniciar la recuperación de los recortes salariales de los empleados públicos, -fruto en gran medida de la acción sindical-, es insuficiente, ya que para evitar el deterioro y desmantelamiento de lo público se necesitan más ingredientes, como la recuperación de la tasa de reposición de efectivos que mantiene bloqueada el gobierno central, y que es motivo de una de las reclamaciones de CCOO al Gobierno del PP.
España y Andalucía claman por un cambio pero otra vez se ha perdido la oportunidad de hacerlo con unos presupuestos que de verdad den respuesta a las personas. Lamentablemente, ni Presupuestos generales ni andaluces apuestan por ello y además imposibilitan un cambio del modelo productivo, vital para no quedar reducidos a una economía de servicios. Los escasos recursos destinados a la política industrial, que sufren una reducción del 7,3%, y al I+D+i, con una partida un 2% menor, constatan la renuncia a esos objetivos. Pero como decía antes, el lamento no es buen compañero de viaje para nadie, y por eso en CCOO no nos quedamos anclados en la queja por la nefasta política del Gobierno central o por la docilidad y seguidismo del Gobierno andaluz.
La ciudadanía necesita hechos, así que, haciendo uso de todas las herramientas de las que disponemos, hemos presentado en el Parlamento, junto con otras organizaciones sociales, una ILP de marcado carácter social para reivindicar una renta básica, pero también estamos inmersos en un periodo de movilizaciones contra unos presupuestos falto de miras y de utilidad que se mantienen en la senda continuista de empobrecer a la ciudadanía y que han dejado pasar la oportunidad de dar realmente cumplimiento a su cometido: garantizar los pilares de nuestro estado social, teniendo como eje prioritario a las personas.
Francisco Carbonero Cantador, secretario general de CCOO de Andalucía
