Durante 2014, la evolución de la economía andaluza está siendo bastante más positiva de lo previsto hace un año, al tiempo que el contexto exterior ha mejorado con menor intensidad de la esperada. Ya en agosto el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, advirtió de la fragilidad y la asimetría de la recuperación de la economía de la eurozona, referente supranacional de la economía andaluza.
El severo ajuste fiscal aplicado, durante los últimos seis años, en las economías del euro no ha conseguido reducir la deuda pública en porcentaje del PIB. Muy al contrario, ésta ha aumentado y las estrictas políticas de consolidación han contribuido a reducir la demanda agregada, el crecimiento económico y el empleo, y generar una muy baja inflación y más desigualdad y pobreza.
Como venimos sosteniendo hace tiempo desde el Gobierno andaluz, la aplicación de la austeridad como principio único de una política económica orientada sólo a la reducción del déficit público, es nociva para el crecimiento y los derechos sociales.
Los indicadores más recientes son luces rojas para todas las instituciones y los organismos públicos de ámbito internacional.
El FMI, el BCE, el G-20, la OCDE y la propia Comisión Europea han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la eurozona. Todos, incluso los presidentes de Gobierno europeos, salvo Merkel y Rajoy, advierten de los riesgos que comportaría una tercera recesión, provocada por el estancamiento de las tres principales economías de la eurozona: Alemania, Francia e Italia.
En este contexto, es necesario abandonar las políticas ortodoxas de austeridad y adoptar una policy mix inteligente, acorde con las necesidades económicas de la zona euro y no con las necesidades políticas de algunos países.
Las últimas medidas aprobadas por el BCE van en esa dirección: estimular la demanda mediante la inyección de liquidez al sistema productivo, con bajadas de tipo de interés del euro; compra de deuda financiera asociada a los préstamos; penalización a las entidades financieras por mantener recursos en esa institución y así incentivar el préstamo a la economía real. Además, es posible que aborde la compra de deuda pública, como indicó Draghi y como en su día aplicaron la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, con crecimiento y generación de empleo como resultados.
Esta política monetaria expansiva debe acompañarse con medidas fiscales y de rentas para, además de crear empleo, corregir la desigualdad extrema que ha generado la crisis. Un avance hacia la reducción de la desigualdad aumentaría la demanda y el multiplicador de la inversión pública sería mayor; favorecería, por ende, el crecimiento.
El contexto actual requiere estrategias de inversión público-privada a medio y largo plazo, como la propuesta en la Unión Europea por un total de 300.000 millones en tres años, con el objetivo de reorientar el gasto hacia la inversión productiva en seis grandes sectores: economía digital, energía, transporte, medio ambiente, infraestructuras sociales y, especialmente, en conocimiento. La inversión en I+D es un aval para el crecimiento a medio plazo, sostenido y competitivo, como establece y persigue el Programa Marco europeo Horizonte 2020.
Asimismo es necesario el esfuerzo de los Gobiernos nacionales en políticas de renta y demanda para contribuir a estimular la economía. Ello debería inducir, entre otras cosas, a impulsar medidas que incrementen las bases de crecimiento.
Y también para solventar de manera eficiente el problema de deuda -que en España supera ya el billón de euros- y de déficit, mediante el aumento del gasto público y de la recaudación, con la equidad y la igualdad como requisitos imprescindibles en una acción de gobierno orientada al equilibrio social, económico y territorial de un país.
Sin embargo, la política económica recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2015 parece alinearse en sentido contrario. Sustenta la reducción del déficit en gran parte en un nuevo recorte del gasto público, no en el aumento de los ingresos por la vía de la recaudación tributaria, que dependerá de la recuperación económica, más que de la reorientación tributaria -que no reforma fiscal- planteada por el Gobierno de España.
Además, y como sucede desde 2012, el mayor esfuerzo de reducción del déficit recae en las comunidades autónomas, cuyos ingresos disminuyen en algunos casos, como en el de Andalucía, vía minoración de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica o del Fondo de Compensación Interterritorial, o por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto de Autonomía.
Andalucía no es ajena a la evolución de los indicadores macro de las economías de su entorno. Y además algo está cambiando en nuestra estructura productiva, que desvela un potencial socioeconómico, recogido por esta publicación, y por el que han apostado grandes empresas y entidades financieras del país.
Nuestro futuro reside en favorecer que emerja ese potencial y en generar empleo. Por ello, y a pesar de la contracción que las decisiones de la Administración General del Estado suponen para desarrollar políticas de oferta y de nuestro prácticamente nulo margen para incrementar los ingresos, en 2015, en Andalucía seguiremos trabajando en la reorientación de nuestro modelo productivo, formulado en el Agenda por el Empleo 2014-2020, la Estrategia de Competitividad de Andalucía, consensuada con los agentes económicos y sociales, y que se alinea con la Estrategia Europea 2020.
La alternativa y la oportunidad de Andalucía, para avanzar en la recuperación económica y con la creación de empleo como máxima prioridad, pasan por reindustrializar nuestra economía; plantear una política energética que no lastre el crecimiento industrial; aumentar el grado de internacionalización de las empresas, el peso de sector privado en la actividad económica y la inversión en I+D; y diversificar la estructura productiva hacia un escenario de futuro para nuestros sectores tradicionales, los de alta tecnología y los nuevos que contribuyan a la generación de valor añadido.
Desde que se iniciara la crisis, hemos simultaneado el estímulo de las políticas de crecimiento y de empleo con el mantenimiento de las políticas sociales y el cumplimiento de los requisitos de consolidación fiscal. Otra política económica es posible. Y, según postulan las instituciones y los organismos internacionales, es necesaria también en España y en la Unión Europea.
José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía
