En 2014 el crecimiento del PIB andaluz estará en el entorno del 1,4% de variación real, alcanzando los 143.984 millones de euros y confirmando el carácter de cambio de tendencia desde la recesión que ya se anunciaba a finales del 2013. Las previsiones sitúan el crecimiento en 2015 cerca del 1,8%, cifra que parece indicar que la creación de empleo se podría producir con carácter más significativo. El proyecto de presupuesto de la Junta para 2015 plantea un escenario macroeconómico que permitiría la creación el próximo año de unos 40.000 empleos netos (+1,6% de población ocupada). Es probable que en 2015 se baje del millón de desempleados en Andalucía, pero la tasa de paro prevista se situará en torno al 35%, cifra escandalosa, más aún si se compara con la media nacional o con la de otras regiones. Se crea empleo muy lentamente. El paro sigue siendo el principal problema y la convergencia entre territorios se ha detenido. Un segmento especialmente afectado con consecuencias graves y futuras es el de los jóvenes, que alcanzan tasa de paro elevadísimas (en 2013, 640.878 parados en Andalucía menores de 35 años).
Como corresponde a esa situación, han aumentado los casos de exclusión social y el descontento de la población, incrementado por la sospecha de una corrupción generalizada, la judicialización de la vida política y las estrategias de los grandes grupos de comunicación. La necesidad del mantenimiento, más o menos “recortado”, de los sistemas de protección social y entre ellos de las prestaciones sociales directas, están impactando muy negativamente en el gasto público, de tal manera que la actuación del sector público en sus funciones estabilizadoras e impulsoras del crecimiento se está viendo muy mermada, de forma que el incremento de la presión fiscal o la apelación al déficit son tentaciones continuas de la gestión política. Simultáneamente se producen otros efectos indeseados sobre la estructura social, como son la desigualdad, el incremento de la economía sumergida, o la aparición de ciertas formas de corrupción y delincuencia, sin olvidar las alteraciones de la salud individual y social.
En política, los procesos más relevantes se concretan en el desprestigio de la actividad política y en los cambios en el reparto del poder, cuyo signo más importante es la amenaza de rotura de un bipartidismos estricto. La obtención por parte del partido Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014 de 1.245.948 votos y 5 eurodiputados (7,9% de los votos, cuarta fuerza más votada), ha agitado las aguas de las formaciones y análisis políticos, y activado sondeos y encuestas dirigidas a evaluar el futuro del “fenómeno”. Entre la sorpresa, el escepticismo y el miedo, se ha incrementado la probabilidad de que la nueva formación política pueda ser, en un futuro no tan lejano, sujeto y objeto de poder en los ámbitos local, regional y nacional.
Lo económico: la industria ausente
Sería extraño que después de tantos años de atención y acumulación de conocimientos no existiera ningún diagnóstico acertado de los males de la economía andaluza. Hay muchos y buenos análisis, actuales y pasados, académicos y profesionales. Los factores explicativos del escaso desarrollo económico son abundantes y plurales. Sin detenernos en cuáles tienen más capacidad explicativa e incluso predictiva, quizá se debería atender más a la vieja prescripción marxiana de que no se trata tanto de entender la economía andaluza sino de cambiarla. Tan evidente es que no se pude prescindir del diagnóstico, como que en términos reales el excesivo análisis conduce a la parálisis, que el “cómo hacer” es tan fundamental como el “qué hacer”, y que el simple debate intelectual no basta. Finalmente, la pregunta clave podría ser “¿por qué no se hace?”. Nadie cambia si no tiene un estímulo para ello: pasar de algo malo a algo mejor. En algunos territorios, el afán de independencia ha venido a sustituir al móvil económico en el catálogo de motores del cambio.
Un ejemplo. Cuando se plantea la grave cuestión del paro en Andalucía, suele darse una respuesta inmediata que culpa al tan manido “modelo productivo” y más concretamente a la ausencia de sector industrial. Huelga decir que la respuesta puede ser tan cierta como trivial, porque lo sustancial sería preguntarse ¿por qué no hay industrias?, y ¿qué hay que hacer para que las haya? Supongo que alguien diría que las causas del páramo industrial que nos rodea está en la colisión con los requisitos medioambientales, en la excesiva regulación y fiscalidad, en la ausencia de infraestructuras de comunicaciones y transporte, y en otros factores de carácter horizontal por lo que respecta a la actividad empresarial. Creo que todos tienen parte de razón. La respuesta más concluyente y disuasoria, rotundamente tranquilizadora, sin duda sería rechazar el objetivo de industrialización. Pero si no es ésta la respuesta, el inmediato corolario sería plantearse qué se puede hacer y cuáles son los bloqueos para que no se haga.
Un nación no es una empresa (Krugman lo tiene claramente escrito), ni la economía de la empresa es la teoría económica, ni el sector público es el privado, pero tienen muchas características similares. La empresa es una organización de factores que concreta un proyecto de creación de valor. Para que exista una empresa debe existir un proyecto, un empresario y unos recursos. Me atrevería a decir que lo más importante es el proyecto. Que exista un empresario o promotor es requisito indispensable y la existencia de recursos es vital, pero la experiencia indica que en un mundo globalizado los empresarios se “importan” y los recursos (humanos, informacionales, materiales, financieros) se movilizan y atraen de diversos orígenes.
No es cosa de minimizar la importancia del empresario, sus capacidades para asumir riesgos y sus habilidades para detectar los proyectos y los recursos; tampoco se trata de relegar la necesidad de recursos como los financieros, tan caros y escasos en los últimos años. Simplemente se quiere enfatizar la trascendencia para cualquier política económica de generar proyectos, oportunidades de inversión rentables, confiables y sostenibles. Es decir, lo contrario de la interferencia regulatoria, la inseguridad jurídica, la presión fiscal, el rechazo del beneficio empresarial y el recelo ante el papel del empresario. Si las instituciones públicas y privadas no fomentan la creación de oportunidades de inversión, es de Perogrullo que habrá escasas inversiones y que las pocas que se hagan lo sean por agentes ya adaptados a un entorno hostil frente al que generan todo tipo de artimañas y subterfugios para superarlo. La naturaleza de las circunstancias actuales genera una exagerada competencia en la atracción de inversores, y la capacidad de ahorro público y privado de Andalucía no es suficiente para financiar la inversión que necesita para un desarrollo razonable. Así que si no se apoya decididamente la proliferación de oportunidades de negocio habrá que preguntarse por la causa, y habrá que buscarla en los intereses y en la ideología.
Manuel Ángel Martín López
Doctor Ingeniero y Economista – Presidente del Consejo Empresarial de Economía, Fiscalidad y Financiación (CEA)
@eneltejado
