El ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles en el Pleno del Senado el proyecto de ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y el proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
Montoro ha destacado que estas normas tienen por objeto implantar una Administración electrónica, “interconectada, transparente y con una estructura clara y simple”, mejorando la relación de la Administración con ciudadanos y empresas y de las Administraciones entre sí.
Uno de los propósitos principales de los proyectos de Ley es, precisamente, la consecución de una Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, aspecto en el cual el Gobierno ya ha desarrollado diversas iniciativas.
En este sentido, Montoro ha destacado el uso de la factura electrónica y ha anunciado que desde el pasado enero y hasta el 2 de septiembre más de tres millones y medio de facturas electrónicas se han tramitado a través del nuevo Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE), por las distintas Administraciones Públicas, según datos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del total, 487.103 facturas electrónicas se han tramitado en los últimos 30 días. Y más de la mitad de esas facturas pertenecen a entidades locales.
Actualmente, 7.679 entidades locales están adheridas al sistema de factura electrónica, de las que casi el 95% están haciendo uso del mismo. Entre estos municipios hay 27 con más de 200.000 habitantes. También la práctica totalidad de las comunidades autónomas (excepto el País Vasco), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, forman parte del sistema y lo están utilizando con éxito.
Asimismo, el ministro ha anunciado que el próximo día 15 de septiembre se va a someter a la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, por el que se creará un marco de referencia para la implicación de todos los actores y recursos del Estado en ese proceso de transformación a una Administración digital e interconectada.
