El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha acogido la presentación del Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) con el que se quiere potenciar la industria española de alto contenido tecnológico.
En el acto, presidido por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han intervenido los directores generales de Industria y de la PYME, Innovación y Competitividad, y Comercio Internacional e Inversiones, Víctor Audera, María Luisa Castaño y Antonio José Fernández-Martos, respectivamente, así como el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Diego Díaz que ha presentado el Plan que han preparado para relanzar la industria eólica.
El sector industrial juega un papel clave en el proceso de recuperación como generador de crecimiento y empleo. En un escenario de elevada competitividad a nivel mundial, es esencial adaptar sus capacidades productivas, diversificar productos y clientes, y flexibilizar la logística.
15 medidas
El Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) contiene una serie de medidas específicas, consensuadas entre el sector eólico y el Gobierno, encaminadas a dinamizar el mercado interno, aumentar la capacidad exportadora y la presencia internacional de las empresas así como potenciar la I+D+i.
El PRIE se conforma como un conjunto de 15 medidas agrupadas en torno a tres ejes principales: medidas para el desarrollo industrial, medidas de impulso a las exportaciones y a la presencia internacional y medidas para favorecer la I+D+i.
Con el desarrollo de esos tres ejes del PRIE, se persigue un triple objetivo: Mejorar la capacidad productiva del sector eólico, asegurar el acceso de la industria a los mercados internacionales mediante productos competitivos y de calidad y potenciar la I+D+i para continuar a la vanguardia tecnológica.
Según explicó el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la aplicación del PRIE puede suponer un incremento del 35% del valor de las exportaciones del sector hasta una media anual de 3.000 millones en 2020; la creación de 3.500 nuevos puestos de trabajo industriales; una recaudación fiscal adicional de entre 30 y 40 millones anuales; ingresos a la seguridad social por valor de 35 millones al año; y el impulso al cumplimiento de los objetivos vinculantes del 20% de la demanda bruta de energía en el año 2020.
