Este 2015 que termina cierra la economía andaluza con un crecimiento previsto del 3,1%, cifra que supondrá un incremento de 1,3 décimas respecto a las previsiones iniciales, comportamiento similar al experimentado por las economías nacional y europea. En 2016, año en el que se prevé una cierta ralentización, Andalucía crecerá en torno a un 2,6%, cifra semejante al resto de economías de referencia.
Esta recuperación de la que muchos hablan guarda poca relación con los hechos reales. La obsesión por reducir el déficit ha tenido, incluso continúa teniendo, un desenlace destructivo. Aquellos que sólo veían en la reducción del déficit la receta del éxito para el medio y largo plazo, pasaron por alto que recortar el gasto supondría un destrozo para una economía ya deprimida.
Las políticas de austeridad impuestas han conllevado, a corto plazo, pérdidas más que evidentes en términos de empleo y producción y, a largo plazo, una aminoración en las posibilidades de crecimiento económico.
La aplicación de la austeridad como principio único de una política económica obsesionada con el déficit tiene más sombras que luces. Más truenos que rayos de sol. Desde la perspectiva puramente fiscal, la ortodoxia de la austeridad ha llevado a gobiernos que recortaron sus gastos a deteriorar su economía y, por tanto, sus ingresos fiscales futuros, de modo que su deuda está siendo más alta de la prevista si no se hubiesen llevado a cabo los recortes aplicados. La llamada austeridad expansiva, que asfixia a una economía ya carente de crédito y de consumo privado y a la que se suma una reducción del consumo público, representa un auténtico suicidio para un país.
Por tanto, el discurso del miedo, unido a aquellos que enarbolaban un futuro a largo plazo mejor con estas políticas, ha errado. Y aquellos supuestos irresponsables que tachaban de inapropiada esta forma de hacer política no fueron tales. La postura del Gobierno andaluz siempre ha caminado entre el estímulo de políticas de crecimiento y de empleo, combinándolas con la defensa de la consolidación fiscal. También la defensa del estado del bienestar. No es buena política económica la que olvida la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y la igualdad de oportunidades.
¿Cómo podemos, por tanto, fortalecer nuestra debilitada economía? Partimos de un diagnóstico inicial, que nos dibuja un problema de productividad. Para hacer frente a ello, debemos analizar aquellos factores que hacen productivas a las empresas, germen de la creación de riqueza y empleo de un país. Tres retos tenemos por delante: el tamaño, la regulación y competencia y los recursos humanos.
La competitividad se traduce en términos de tamaño. Cuanto mayor sea la empresa, más competitiva será. A mayor número de empleados, a más economías alcanzará. El segundo punto apuesta por una mejor regulación y una mayor competencia. Y para cerrar este círculo es necesario un contundente cambio en el mercado laboral. Dos de los elementos que más lastran la productividad son el aumento de trabajadores temporales y el menor capital humano. Generemos, por tanto, políticas de apoyo a nuestras empresas, abarquen el sector que abarquen. La Administración puede intervenir en mejorar la regulación, aliviando trabas y trámites administrativos, de un lado, y de otro, legislando con el consenso de los agentes sociales para provocar una verdadera reforma que conforme un mercado laboral competitivo y eficiente.
Desde Andalucía apostamos por la industrialización, uno de los ejes vertebradores de la Agenda por el Empleo 2014-2020, planificación estratégica de la Junta desarrollada para salir de la crisis de una forma diferente. Es posible compatibilizar un nuevo modelo económico, blindando las políticas sociales, dando un impulso a las políticas de crecimiento sin descuidar a los más vulnerables.
La agenda marcada para la recuperación también tiene su reflejo en la presión fiscal. En el caso de las empresas, el impuesto sobre Sociedades se sitúa actualmente en un 25%, si bien en la práctica las grandes corporaciones pagan una tasa final de alrededor de un 5% gracias a las deducciones y los créditos fiscales. El objetivo a perseguir ha de buscar una mayor progresividad y equiparar la contribución de estas grandes compañías a la de pymes y autónomos, que cotizan por encima del 20% en muchos casos.
No tiene sentido que las medianas empresas en nuestro país paguen ahora más impuestos que las grandes corporaciones. La senda marcada pasa por aliviar la carga impositiva sobre el trabajo en favor de una mayor imposición a la renta del capital.
Todos los esfuerzos se incardinan hacia una doble finalidad: el empleo y la contribución a la salida de la crisis con un modelo económico reforzado, con un marco de consenso y diálogo social, tarea en la que la Junta de Andalucía tiene concentrado su máximo empeño.
José Sánchez Maldonado
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
