Aunque la crisis económica ha afectado a toda la población andaluza, es el empleo juvenil una de las realidades donde más estragos ha causado. Según los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre de 2015, la tasa de desempleo entre los jóvenes andaluces se situaba en torno al 57,15%, muy por encima de la media española ascendente al 46,58% y casi el tiple de la europea, situada en el 20,4%. Además, la tasa de actividad juvenil andaluza es muy baja, sólo del 39,72%. Es decir, de cada 100 jóvenes andaluces, sólo 40 buscan empleo. Y de estos, menos de la mitad lo encuentran.
Las principales consecuencias de este escenario han sido el desaliento y la disminución de las expectativas laborales, la paralización o retraso en los ciclos vitales, la inmigración por motivos económicos, la vuelta a las aulas y la aceptación de peores condiciones laborales: pobres asalariados, contratos a tiempo parcial no deseados, temporales y por debajo de sus cualificaciones profesionales. Más de 100.000 jóvenes andaluces emigraron al extranjero entre 2008 y 2014. Y otros muchos dejaron de buscar trabajo y volvieron a las aulas.
Entre las principales dificultades de acceso al mercado laboral de este colectivo está la falta de experiencia laboral y de acercamiento al mundo empresarial, así como una formación profesional no adaptada a las necesidades del mercado. Por todo ello, se hace necesario apostar por las políticas activas de empleo, que deben de estar basadas en una concepción integral del itinerario laboral. Esto es, unos servicios de orientación profesional y una formación complementaria a la formación reglada existente, acorde a las necesidades reales del mercado de trabajo. Pero, sobre todo, se requieren programas e instrumentos de formación y empleo que permitan la entrada de los jóvenes en las empresas, posibilitando una aproximación y conocimiento mutuos, potenciando así la formación en la empresa, prácticas profesionales, o cualquier otra solución imaginativa que permita ese primer contacto entre demandante y oferente de empleo.
Para poner en práctica estas medidas, hay que superar diversas barreras que heredamos del pasado. En primer lugar, la intervención judicial que han sufrido las entidades y organismos autonómicos encargados de implementar las políticas activas de empleo. Hay que desterrar las sospechas de corrupción, gestionar de manera honrada, eficaz, trasparente y resolutiva. Hay que poner en valor nuevas iniciativas, pero también reformular experiencias pasadas. Otro problema importante que ha condicionado la ejecución de las políticas activas de empleo es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta norma obliga a los Ayuntamientos y Diputaciones a renunciar a ejecutar este tipo de medidas, en contra de los criterios de las directivas comunitarias, así como de la OCDE y la OIT.
Para 2016, Andalucía va a contar con financiación e instrumentos de la Unión Europea para poder llevar a cabo estas medidas, principalmente, a través del Programa Operativo Regional que gestionará la Junta de Andalucía. Pero también con instrumentos dedicados a las Administraciones Públicas Locales -claves en esta estrategia de lucha contra el paro-, como las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
Andalucía en general y los jóvenes en particular no pueden permitirse el lujo de desaprovechar estas oportunidades. La crisis que hemos atravesado nos debe servir para reflexionar y mirar al futuro con ilusión, empeño y seguridad, aprendiendo de los errores y aprovechando los aciertos; y confiando en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestro capital humano.
Mario Fuentes
Economista
