La Agencia Tributaria de las Islas Baleares ya ha habilitado el buzón de denuncias tributarias, un mecanismo mediante el cual cualquier persona física o jurídica podrá poner en conocimiento de la Administración una conducta fraudulenta en la tramitación o gestión de las áreas tributarias en las que la ATIB es competente, y entre las que están la recaudación de tributos cedidos como el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones; y también los trámites sobre los tributos propios, como el canon de saneamiento, la tasa del juego o el futuro impuesto sobre estancias turísticas por el impulso del turismo sostenible, que tiene prevista su entrada en vigor por el próximo 1 de julio, después de la aprobación de la ley que lo regula, el pasado martes.
El buzón funciona a través de una remisión por correo ordinario dirigida a la directora de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, o bien rellenando un formulario dentro de la página web www.atib.es.
El denunciante que comunique una posible conducta fraudulenta de la cual tenga constancia, verá preservada su identidad bajo la promesa de confidencialidad. Así mismo, quien presente una instancia en el nuevo buzón no podrá obtener ninguna información de la ATIB en referencia al objeto de su denuncia, y no se considerará como sujeto interesado en el hipotético caso de la apertura de diligencias administrativas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación a los resultados obtenidos en el expediente abierto.
El buzón de denuncias tributarias ya en marcha, es una de las 60 medidas contenidas en el Plan Antifraude 2016-2019, a través de las que se hace una apelación a la conducta cívica de los ciudadanos de las Islas Baleares para la erradicación de conductas lesivas para el bien común, y por la adecuada distribución de las cargas fiscales correspondientes entre el total de la población de forma legal, justa y equitativa. Así, la directora de la ATIB, Maria Antònia Truyols cree que la creación de este mecanismo de “co-responsabilidad” para ayudar a la detección del fraude es “un deber social” dado que “el fraude supone una pérdida de riqueza para el conjunto de la sociedad”.
