La Biblioteca Nacional cerraba sus puertas una semana en enero para realizar su primer inventario en 20 años: más de 500.000 ejemplares revisados, los más sensibles entre sus 25 millones de documentos. Fondos modernos (desde 1830) y antiguos (hasta esa fecha), entre los que se cuentan incunables (previos a 1500), manuscritos, grabados, periódicos, fotografías y un largo etcétera integran el magnífico patrimonio con el que cuenta la primera biblioteca del país. El robo por parte de un investigador (¿?) de origen uruguayo de 16 piezas de enorme valor (10 se han recuperado), puso injustamente en el punto de mira, tanto a una institución que ejemplifica como ninguna la conservación de nuestro patrimonio documental, como la valiosa labor de archiveros e investigadores. Pero la mezquindad de la acción de un desaprensivo -César Gómez Rivero introdujo en sus incursiones entre 2004 y 2007 un cúter, con el que mutiló una decena de libros para llevarse un botín de 16 documentos de valor incalculable y que vendió por medio mundo- no puede poner en entredicho todo lo que el patrimonio documental significa. Ante este acercamiento de los medios de comunicación en un momento tan poco afortunado, es necesario ensalzar a quienes, a diario, en una labor silente desarrollada a lo largo de los siglos, custodian y ponen a disposición de los investigadores e investigadoras ese rico patrimonio: los archiveros y bibliotecarios. Como también es justo elevar la categoría de quienes actúan de puente entre esta riqueza documental y la sociedad en general: las miles de personas que, sentadas durante horas ante los documentos, escarban en las entrañas de nuestra historia para interpretar nuestro pasado y enriquecer nuestra comprensión del presente.
Andalucía posee una riqueza archivista envidiable. Por una parte, los grandes archivos: el Archivo General de Indias, con renombre internacional; el Archivo General de Andalucía, en Sevilla; o el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Por otra, los diocesanos, como los de los Arzobispados de Sevilla y Granada o el Episcopal de Cádiz, sin olvidarnos de los privados, caso del gran Archivo de la Casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o del Archivo Casa de Medinaceli, reclamado por la Junta de Andalucía durante años, cuyos originales fueron trasladados al Hospital Tavera de Toledo, estando accesibles los documentos microfilmados en el General de Andalucía. Ello, sin mencionar los innumerables Archivos Municipales.
Además, la introducción de las nuevas tecnologías ha cambiado el acceso a este patrimonio de los profesionales. En efecto, el recuento de la Biblioteca Nacional ha coincidido con la creación de la Biblioteca Digital Hispánica, que ofrecerá a través de la Red y en varios idiomas el texto completo de muchas de las obras atesoradas por esta institución. El proyecto concluirá en 2010, cuando esté plenamente en marcha una ambiciosa Biblioteca Digital Europea. Pero no es la única, como evidencia el PARES (Portal de los Archivos Españoles), donde están volcados buena parte de los fondos de multitud de archivos, como el del Indias, Simancas o el Histórico Nacional. También los archivos privados (Medina Sidonia) y los eclesiásticos (Archivo Diocesano del Arzobispado de Sevilla) están optando por la digitalización para facilitar la labor de los profesionales de la investigación y conservar sus documentos.
Por otra parte, la escasa importancia que la sociedad en general otorga al patrimonio documental responde tanto a un desconocimiento sobre su valía, como a una extraña confusión entre el contenido y el continente: documentos y edificios. Las jornadas de puertas abiertas organizadas por estas instituciones tratan de paliarlo, pero aún queda camino por recorrer en la labor de acercamiento social a nuestro patrimonio documental. En este sentido, la incertidumbre sobre el proyecto de rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla (mandada a construir por Carlos III en 1782) para convertirla en las sedes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, responsabilidad del Estado, y el General de Andalucía, de la Junta de Andalucía, no ayuda mucho. Ni es de recibo que estos archivos lleven años en un sede inadecuada que les obliga a depositar casi todos sus fondos en un almacén, con el perjuicio para los investigadores, ni tampoco que se pierda un edificio de gran valor histórico.
Tal vez, durante la próxima Semana Santa, única en sacar del letargo a la sociedad andaluza en ocasiones, se produzca el milagro e iniciativa privada y pública se vuelvan a dar la mano para acometer un proyecto muy necesario, como ya hicieran hace cinco años con la Iglesia de El Salvador que, este mes, volverá a consagrarse como templo finalizada su rehabilitación. De paso, podrían acordarse de otras tantas iglesias andaluzas, como la de Santa Catalina de Sevilla, que necesita 3,5 millones de euros para sacarla de su abandono.
