office-594132_640La Consejería de Economía y Conocimiento de Andalucía ha puesto en marcha una nueva aplicación que permitirá a las cooperativas y sociedades laborales registrar y legalizar sus libros económicos y sociales de una forma telemática, evitando así desplazamientos de las entidades ante la Administración.

De esta manera, se avanza en la aplicación de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, así como su Reglamento de desarrollo, que prevén que el Registro público de estas empresas tenga carácter electrónico, de manera que los actos de dichas entidades que son objeto de inscripción registral se puedan realizar telemáticamente.

El Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, está en funcionamiento con carácter electrónico desde 2012 y ha ido incorporando aplicaciones informáticas relacionadas con los procedimientos que establece esta normativa, entre ellos, la incorporación de los actos relacionados con el colectivo de notarios para los casos en que sea necesaria su intervención. Andalucía es además la única a nivel nacional que tiene implementado un tramitador registral electrónico para las cooperativas y sociedades laborales.

El procedimiento de legalización de los libros económicos y sociales de las cooperativas, que ha requerido de mayor complejidad técnico-informática, completa los procedimientos electrónicos necesarios para la tramitación íntegra por vía telemática en el Registro de Cooperativas.

Con ello, las entidades cooperativas podrán eludir la carga de comparecer presencialmente para poner a disposición de la Administración los citados libros, pudiendo hacerlo digitalmente y recibiendo, también por dicha vía, la documentación con la huella digital de su legalización.

La puesta en marcha de esta nueva aplicación informática del Registro de Cooperativas forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno andaluz para reducir trámites administrativos, en línea con la Ley 3/2014 de reducción de trabas administrativas aprobada por el Parlamento andaluz, que recoge medidas como la inexigibilidad de licencias para determinadas actividades económicas o la modificación en el trámite de calificación ambiental, que se sustituirá por la presentación de una declaración responsable.