Los gobiernos deben acabar con el secreto de los paraísos fiscales y combatir la evasión fiscal facilitada por las jurisdicciones extraterritoriales, señalaron Tres expertos de la ONU en derechos humanos tras la divulgación de los llamados ‘Bahama leaks’. Esos documentos revelaron como una práctica común el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales por parte de servicios financieros e individuos acaudalados en las Bahamas.

En un comunicado conjunto, el experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, exhortaron a los gobiernos a actuar en concierto y a establecer un órgano de la ONU para eliminar el secreto, el fraude y la evasión fiscal que se lleva a cabo en esos lugares.

Además, explicaron que, si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre 7 y 25 billones de dólares de riqueza en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año.

“Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robando esos fondos a la sociedad”, advirtieron los expertos, quienes agregaron que los beneficios de estas actividades ilícitas “pueden y deben” destinarse a financiar servicios públicos y a mejorar las condiciones de vida de la población.

“Los Estados deben demostrar que toman en serio el interés de miles de millones de personas en todo el mundo, las cuales sufren la pérdida de servicios públicos a causa de la falta generalizada de ética en materia fiscal”, apuntaron los expertos. Asimismo, consideraron que Naciones Unidas debe tomar medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas offshore situadas en paraísos fiscales.

“La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales”, concluyeron.