La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido la firma del acuerdo entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales en virtud del cual la Junta y sus entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía han suscrito este acuerdo para que se valore a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente.
El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
Además, a partir de la aplicación de las clausulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.
Las cláusulas sociales y medioambientales serán de aplicación en la contratación pública, una vez que el acuerdo sea aprobado por el Consejo de Gobierno en los próximos días.
Además de los sindicatos y empresarios con los que se ha suscrito el Acuerdo, esta iniciativa será trasladada próximamente a la Mesa del Tercer Sector por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de ofertas, hasta la adjudicación y ejecución del contrato.
