La creación de SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) ha disminuido significativamente en los últimos años, pasando de 235 en 2014 a las ocho registradas en lo que llevamos de 2016, según el estudio publicado por INFORMA D&B, (compañía de CESCE).

El informe señala que es cierto que en 2014 se alcanzó la cifra máxima de constituciones de SICAV, que subían un 85% respecto al 2013, debido a la recuperación de los mercados financieros. Los datos de 2015 muestran ya una tendencia a la baja, contabilizándose 120 SICAV nuevas, un 49% menos que el año anterior.

Las disoluciones de este tipo de empresas se han mantenido relativamente bajas hasta este año. Los 67 procesos declarados desde enero multiplican por seis los 10 registrados en el conjunto de 2015.

Según Nathalie Gianese, Directora de Estudios de INFORMA D&B: “La evolución del comportamiento de las SICAV es atípica comparada con las cifras de constituciones y disoluciones del conjunto de sociedades, que siguen una evolución opuesta: las creaciones se van recuperando desde 2010 y las disoluciones, tras alcanzar cifras récord en 2013, van disminuyendo”.

En lo que llevamos de año, el número de disoluciones de SICAV supera al de constituciones, siendo septiembre, con 16, el mes que más ceses ha registrado.

La explicación a todo ello, comenta Gianese, estaría en las propuestas de reforma del régimen de SICAV que incluyen los programas de los principales partidos políticos:

– Ciudadanos propone devolver el control fiscal de las SICAV a la Agencia Tributaria (actualmente están supervisadas por la CNMV) y cambiar la tributación al 1% para el tipo general del impuesto de sociedades.

– El PSOE quiere incrementar su control: dar más poder de inspección a la Agencia Tributaria, acotar la participación máxima de cada inversor y fijar un periodo límite de permanencia de las plusvalías acumuladas sin tributar.

– Podemos incluye: controlar el número real y efectivo de socios, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas así como un porcentaje de participación máxima y un límite de aportación para cada inversor. También quiere devolver a la Agencia Tributaria el control de estos requisitos.

– El PP propone considerar como accionista sólo a aquellos que tengan más del 0,55%, para garantizar el carácter colectivo de estas sociedades.