Comuto, la matriz de la red social de viajes de coche compartido BlaBlaCar, ha presentado una denuncia a España ante la Comisión Europea por las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra la plataforma y dos de sus usuarios.
BlaBlaCar considera vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que la Comunidad de Madrid continúe con estas prácticas, y a su vez requiera al Estado español que clarifique la legislación aplicable a su actividad.
En la denuncia presentada ante la Secretaría General de la Comisión Europea se indica que las sanciones impulsadas por la Comunidad de Madrid contra BlaBlaCar y dos de sus usuarios son contrarias al derecho de la Unión Europea, en concreto a la Directiva sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha impuesto sanciones no sólo a dos usuarios de BlaBlaCar sino también a la plataforma por “ofrecer y facturar servicios de transporte de pasajeros sin la autorización requerida”. La compañía ha anunciado que las sanciones están en proceso de recurso también en España en vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales previstas en la Ley Española, por lo que todavía no son firmes.
La plataforma denuncia también que las sanciones impuestas a los dos usuarios “se basan en exigir una autorización administrativa para la prestación de servicios profesionales a quienes hacen un uso particular de su vehículo y a quienes, de hecho, les sería imposible obtenerla aunque quisieran”.
Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, director general de BlaBlaCar España y Portugal, señala que “compartir coche es igual de legal hoy que lo ha sido siempre. Y es un derecho que vamos a defender hasta el final”. Por ello, frente a las sanciones, BlaBlaCar “continúa y continuará”, según asegura Rodríguez de Santiago-Concha, agotando las vías administrativas y legales para recusar estas sanciones. Y añade que “las prácticas administrativas efectuadas por la Comunidad de Madrid vuelven a situar a España en una excepción incomprensible en Europa, obstaculizando una actividad que tiene más de 400.000 usuarios sólo en la propia Comunidad de Madrid”.
