El año que acaba ha sido de los peores en la historia reciente de nuestra comunidad autónoma y de España con respecto a las Políticas Activas de Empleo (PAEs).
La única medida estructural que se ha realizado ha sido la reforma laboral, que sólo ha logrado un crecimiento de la contratación gracias al incremento de la competitividad vía salarios y flexibilidad. Pero nuestras tasas de paro siguen siendo las campeonas de la Unión Europea y de la OCDE. A los jóvenes les vence el desaliento y siguen aceptando subempleos o emigrando; la tasa de fracaso escolar está muy lejos del objetivo 2020, con un sistema educativo todavía por definir; y continúa aumentando el número de personas desempleadas de larga duración que ya no cobran ninguna prestación. En las ciudades se están creando verdaderas bolsas de pobreza en los barrios más desfavorecidos, que provocan unos desequilibrios urbanos injustos y peligrosos.
Ante este panorama, 2016 pasará a los anales de las PAEs como un año perdido. En cuanto a políticas estructurales europeas, puede considerarse un año de transición. El periodo de programación 2014-2020 está muy atrasado, y todavía no se ha puesto en marcha la mayoría de los Programas Operativos, acumulando retrasos de dos años. 2016 se ha dedicado a la justificación de los Programas del anterior periodo 2007-2013. Y actualmente, no se ha solucionado la incertidumbre sobre las sanciones relativas a los Fondos Estructurales por incumplimiento del déficit. Por añadidura, en España siguen los desacuerdos entre el Gobierno estatal y las Comunidades Autónomas para implementar los Planes Especiales de Empleo y regular las agencias de colocación.
A nivel andaluz, la Junta ha tenido un periodo de impasse tras cambiar la organización administrativa, traspasándose la mayoría de las PAEs a la Consejería de Educación para volver después a la de Empleo. Se han devuelto a la Unión Europea 800 millones de euros no ejecutados, que estaban destinados a la formación de personas desempleadas. No se ha sabido reubicar al personal de la antigua Administración paralela del SAE. Y el Gobierno andaluz ha apostado por los Planes Especiales de Empleo, muy necesarios para situaciones de emergencia social, como las acaecidas en 2014 y 2015, pero no solucionan a largo plazo el problema del desempleo, pues no vienen acompañados de medidas adicionales de orientación, formación y cualificación.
No obstante, el varapalo más importante que indudablemente se han llevado las PAEs ha sido la aprobación de la Ley de Racionalización de la Administración Pública, ya que muchos Gobiernos locales se han acogido a la misma para eliminar o recortar todas las políticas de empleo y estrategias de desarrollo local consolidadas durante más de veinte años. La Ley otorga margen a los ayuntamientos y diputaciones para elegir qué tipo de gastos recortar con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario. Pero muchos Gobiernos locales han optado por el camino fácil, soslayando sus responsabilidades con el argumento de que las PAEs son competencia autonómica. De esta forma, han desaprovechado la oportunidad de recortar y organizar sus Ayuntamientos por otras vías relacionadas con la modernización y la racionalización de sus recursos.
Para terminar este artículo con una visión optimista, nos queda la esperanza de que 2017 sea un punto de inflexión. Ya en el último trimestre de 2016 se están efectuando diferentes convocatorias como las dos de la EDUSI, y “teóricamente” están a punto de publicarse las del POEJ y las del POEFE. También se ha producido la primera convocatoria de Formación para el Empleo en mucho tiempo, se han retomado programas emblemáticos como Andalucía Orienta, y están pendientes de convocarse otros como los de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Espero que en este nuevo año se vislumbre la luz al final del túnel y se apliquen medidas auténticas y contrastadas en pos de la creación de empleo y el incremento de la empleabilidad y la competitividad de nuestra economía, vía calidad y productividad.
Mario Fuentes
Economista
