Existe un hecho en el ámbito medioambiental donde la totalidad de colectivos, profesionales y grupos políticos parecen coincidir. Se trata del problema que supone la gestión de residuos. Todavía existen personas que no se paran a pensar que el hecho de desechar algo implica poner en marcha un complejo mecanismo de gestión que permita su tratamiento correcto, limpio y eficiente. Actualmente, en España, el 55,7% de los residuos que generamos acaban en un vertedero. En el caso de Andalucía, el porcentaje es algo más elevado: 58,3%.Mientras tanto, la Comisión Europea ha desarrollado un paquete de medidas relativas a la economía circular, cuyos principales elementos son:
– Antes de 2030, deberá incrementarse hasta el 70% en peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales.
– Antes de fin de 2030, deberá aumentarse como mínimo hasta el 80% en peso la preparación para la reutilización y el reciclado de todos los residuos de envases.
– La eliminación, de manera gradual, del vertido de residuos reciclables (incluyendo plásticos, papel, metales, vidrio y residuos orgánicos) en 2025, que corresponde a una tasa máxima de vertido del 25%.
– En 2030, sólo el 10% de los residuos sólidos urbanos podrán ir a parar a un vertedero.
Como cualquiera imaginará, tanto España como Andalucía se encuentran muy alejados de los objetivos que impone la UE, corriendo el riesgo de sufrir importantes sanciones económicas. El pasado diciembre de 2016, en la localidad onubense de Niebla, el sector cementero andaluz (empresas y sindicatos), integrado en la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, presentaba el ‘Informe sobre el Potencial de Valorización de Residuos en Plantas Cementeras’. Este estudio ha sido elaborado por el profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, Rafael Salgueiro.
El profesor Salgueiro explicó a los asistentes la oportunidad, tanto económica como ambiental, actualmente muy desaprovechada, que suponen las cementeras parar tratar los residuos de una manera totalmente segura. Mientras que en los países europeos más avanzados y más responsables desde el punto de vista ambiental (Alemania, Países Bajos, etc.), los niveles de valorización están en torno al 60%-80%, en Andalucía está situado en el 16,81%.
La valorización de residuos en cementeras, según se recoge en el informe, cuenta con tres ventajas fundamentales. En primer lugar, se reducen las deposiciones en vertederos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos impuestos por Europa. Por otro lado, se evitan los costes de inversión en construcción de nuevas plantas incineradoras. Actualmente, en Andalucía se podría evitar la construcción, según los distintos escenarios analizados en el estudio, de entre una y tres plantas, lo cual requeriría una inversión total de entre 217 y 651 millones de euros. Por último, se reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Durante su intervención, el profesor Salgueiro hizo también referencia a los numerosos estudios e informes de universidades y organismos independientes (el CIEMAT, el CSIC, las Universidades Rovira i Virgili y la de Alicante, el Instituto Canadiense de Toxicología, el Comité Consultivo sobre Efectos Médicos de Contaminantes para la Salud del Reino Unido, etc.), que afirman que esta fórmula de tratamiento de residuos es completamente segura para la salud de las personas y el medio ambiente.
Es cierto que el sector cementero andaluz no puede ser la solución única para el problema que supone la gestión de residuos, pero también es cierto que puede suponer en la actualidad una parte de la solución que no está siendo aprovechada. Las fábricas de cemento, si se utilizaran de manera intensiva, podrían tratar en sus hornos, con plenas garantías de seguridad para las personas y para el medioambiente, una importante cantidad de residuos que no pueden ser ni reutilizados ni reciclados y van a parar a vertederos.
Como demuestra este informe, al que se ha hecho referencia anteriormente, la solución que aporta la industria cementera tiene la gran ventaja de que no supone costes añadidos de nuevas inversiones y gastos de mantenimiento en nuevas plantas incineradoras. Se trata de instalaciones que ya están construidas y operativas.
Desde el sector cementero, confiamos en que los poderes públicos, sobre todos algunas corporaciones locales, sean capaces de entender esta solución, empleada por los países europeos más avanzados y responsables medioambientalmente, y que como antes se ha indicado, es completamente segura para la salud de las personas y del medio ambiente.
Manuel Parejo Guzmán
Director Gerente de FLACEMA
Profesor Asociado. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)