El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables.

El bono social supone actualmente un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos a este descuento, lo que alcanza a unos 7 millones de personas.

Con este real decreto ley se garantiza la financiación del bono social y se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba discriminatoria la financiación anterior, por parte de las compañías eléctricas verticalmente integradas. Para dar cumplimiento a la sentencia se extiende ahora la obligación de financiación a todas las compañías que realicen la actividad de comercialización de electricidad.

La nueva financiación por tanto mantiene el esquema anterior en cuanto a que continúan siendo las empresas eléctricas quienes financian el bono social. No se ha cargado su coste por tanto ni a los Presupuestos Generales del Estado ni tampoco al sistema eléctrico y, por consiguiente, a la factura de los consumidores.