Gas Natural Fenosa ha hecho entrega este miércoles de la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en sus siglas en inglés) con el objetivo de que se le devuelva la compañía con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares.
El inicio formal del arbitraje se ha solicitado ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) que, al igual que el CIADI del Banco Mundial, está previsto como foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.
En la solicitud presentada, la compañía se alza, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje.
La compañía presidida por Isidro Fainé señala que la decisión de toma de posesión y de liquidación de Electricaribe y las demás acciones estatales contra Gas Natural, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, “son contrarias al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de las especiales condiciones en que ha de prestar su servicio, las cuales han sido obviadas por Colombia”.
“La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país”, señalan desde la compañía, y añaden que “constituye un claro paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión”.
“Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas”, indican.
Pese al recurso presentado, Gas Natural Fenosa mantiene “su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes”.
