La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha asegurado que la recesión del sector de la obra pública en España se ha visto “seriamente agravada al experimentar un desplome sin precedentes” en 2016.

Respecto a 2015, la contratación de obras por el sector público cayó el 32% y la licitación un -4% en obra civil y un -74% en concesiones. Estos datos (3.280 millones, 6.066 millones y 166 millones, respectivamente), constituyen el mínimo histórico de sus series, representando, en el caso de las contrataciones, la quinta parte de lo adjudicado en 2007.

Las cifras positivas registradas en 2016, se refieren a la actividad residencial, que creció un 29% (64.038 visados), y el tráfico en las autopistas de peaje, que aumentó un 5,6% (15.855 de Intensidad Media Diaria), con respecto al año anterior.

Según los datos agregados de las empresas de Seopan, respecto a 2015, muestran una reducción de la actividad nacional del -19% (4.397 millones), lo que representa la quinta parte de la realizada en 2007. Asimismo, el empleo directo disminuye un -12% (-2.662 empleos), al situarse su cifra total de empleados en la mitad que hace diez años.

La asociación ha añadido que los últimos datos de la Comisión Europea ponen de relieve que la inversión pública en España en 2015 fue un 60% inferior a la media de las cuatro mayores economías del mundo. Por otro lado, España (15ª economía del mundo) figura en la 27ª posición por volumen de inversión en el ranking de los 100 proyectos estratégicos en curso elaborado por CG/LA Infraestructure anualmente.

Ante esta situación de déficit inversor en nuestro país, la Asociación subraya “la necesidad de invertir en determinadas áreas de infraestructuras esenciales para no frenar su competitividad y desarrollo”. Para ello, ha encargado a la ingeniería SENER el informe ‘Análisis de la Inversión en Infraestructuras Prioritarias en España’ que selecciona más de 800 actuaciones en planificación en el ámbito del agua, transporte y tratamiento de residuos municipales por valor de 100.000 millones de euros. La necesidad de estas actuaciones está fundamentada en el cumplimiento de la normativa y Directivas (agua y residuos) y en su rentabilidad socio económica, determinada de acuerdo al procedimiento de análisis vigente en la CE.

No obstante, tal y como ha explicado el presidente de Seopan, Julián Núñez, “los ajustes pendientes hasta 2019 para cumplir los objetivos de reducción del déficit y deuda pública son un obstáculo para restituir, con cargo al presupuesto público, el nivel inversor que España necesita, por lo que será necesario acudir a la financiación privada mediante fórmulas de colaboración público privadas”.

Por ello, Seopan, junto con los despachos de abogados Deloitte y Uría Menéndez, han elaborado un segundo informe, ‘Hacia un modelo eficiente de colaboración público privada’, que identifica las carencias del actual modelo concesional y analiza las mejores prácticas internacionales, concluyendo con varias recomendaciones para mejorar el sistema.