El consejero de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, junto con la directora general de Tributos, Cristina Bella, ha presentado las directrices del Plan General de Control Tributario para 2017, que se publican este lunes en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y que recoge las prioridades del Ejecutivo riojano en materia de lucha contra el fraude fiscal.
La prevención y lucha contra el fraude fiscal es una de las prioridades de la política económica del Gobierno de La Rioja porque juega un “papel fundamental” para financiar los servicios y políticas públicas y reducir el déficit. En este sentido, Alfonso Domínguez ha asegurado que “para seguir manteniendo nuestro estado de bienestar, resulta fundamental que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales, para lo cual además de trabajar por implantar una conciencia cívica tributaria, es necesario implantar medidas para prevenir el fraude y frenar la economía sumergida”.
El plan se enmarca dentro del Plan de Colaboración Pública y Social para la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno, y que ha sido elaborado a partir del diálogo y la colaboración con los agentes y colaboradores sociales implicados en la lucha contra el fraude fiscal. Un documento estratégico, que incorpora 60 medidas estructuradas en siete áreas de actuación encaminadas a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y el control y lucha contra el fraude fiscal.
Como ha explicado el consejero, “supone un paso más en el despliegue del Plan de Colaboración y responde al objetivo de garantizar la transparencia del sistema tributario y la facilidad de comprensión para los ciudadanos”.
Como novedad, diferencia las actuaciones de control de las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal. E incorpora por primera vez planes parciales para las áreas de Inspección, Gestión y Recaudación tributaria que recogen las directrices de actuación más generales dirigidas a los tributos propios y cedidos de la CAR, así como actuaciones en fase recaudatoria. Y otras más específicas destinadas al sector del juego, inmobiliario y a acciones de control en el ámbito de la localización y conocimiento administrativo de los obligados tributarios.
Además, continúa apostando por el intercambio de información entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal para reforzar las actuaciones de control y lucha contra el fraude.
