El Gobierno andaluz y las diputaciones provinciales han firmado un protocolo de actuación conjunta en virtud del cual se destinarán 106 millones de euros a la mejora de caminos rurales de titularidad pública. De esta cantidad, un 60% (64 millones de euros, 8 millones para cada provincia) será aportado por la Junta, procedente de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha valorado que en los últimos cinco años en Andalucía se han arreglado hasta 3.500 kilómetros de caminos rurales, a través de diferentes programas de mejora, con una inversión de 215 millones de euros y que el protocolo suscrito hoy supone “dar continuidad” a esta “apuesta clara y nítida”.
Las subvenciones se otorgarán “de manera equitativa y en concurrencia” competitiva, ha avanzado Susana Díaz, primando la longitud de los caminos, el número de explotaciones por las que pasan y el uso de los mismos.
Díaz ha valorado además que este protocolo “refuerza la vocación municipalista” de la Junta de Andalucía, que con este tipo de iniciativas hace posible la “cohesión territorial y social” de la comunidad y la “prestación de servicios” en las zonas rurales.
Máximo de 300.000 euros
Las ayudas, destinadas a la mejora de caminos de titularidad pública, supondrán hasta el 60% de la inversión de cada iniciativa que se acometa, variando entre un mínimo de 25.000 y un máximo de 300.000 euros. Esta cantidad se podrá complementar con fondos procedentes de las diputaciones, hasta alcanzar el 100% de los proyectos, si así se acuerda con el ayuntamiento titular de la vía afectada. Además, estas entidades provinciales prestarán asesoramiento técnico a los consistorios que se beneficien de los incentivos.
La concesión de estas subvenciones se realiza por concurrencia competitiva a nivel provincial, logrando así un reparto equitativo de las inversiones públicas entre todos los territorios. Entre los conceptos que se tienen en cuenta para la valoración de las solicitudes se encuentra la importancia del camino en función de su longitud o de la existencia de vías alternativas; y el servicio que presta, atendiendo, entre otras cuestiones, al número de explotaciones que atiende o a si comunica servicios de uso común (cooperativas, alhóndigas, etc.).
