Tanto la eficiencia energética como las energías renovables dependen de decisiones individuales, de que los ciudadanos y responsables de empresas e instituciones públicas tomemos decisiones sobre nuestras instalaciones
Todos somos conscientes de la necesidad de realizar progresos sustanciales en la reducción de emisiones de CO2, en ello nos va el futuro de nuestro planeta. También lo somos de la necesidad de reducir la dependencia respecto de las energías fósiles, en ello nos va la mejora de nuestras cuentas “macro” y factores de estrategia geo-política. Conseguir estos objetivos va a depender de la eficiencia energética y de un uso más intenso de las energías renovables.
¿Por qué no conseguimos un impulso decisivo de la mejora energética? Tanto la eficiencia energética como las energías renovables dependen de decisiones individuales, de que los ciudadanos y responsables de empresas e instituciones públicas tomemos decisiones sobre nuestras instalaciones. Y no se está haciendo, al menos al ritmo pretendido y deseado. Es una pena, y no sólo por el impacto medioambiental que podríamos evitar, también porque, en general, se trata de sectores emergentes de alto valor añadido y con un mercado potencial enorme.
Son muchas las barreras para tomar estas decisiones, tanto de comportamiento como legales y financieras. En nuestras declaraciones públicas todos estamos comprometidos con la reducción de la huella de carbono, pero cuando, para lograrlo, es imprescindible hacer inversiones, en el orden de prioridades figura entre las de menor rango. Tampoco ayuda la falta de referencias y normativas restrictivas respecto de las renovables.
Ante las barreras, la administración utiliza las herramientas de política que tiene en su mano. Una de ellas es incentivar el desarrollo de soluciones de financiación asumibles. Estas soluciones financieras han evolucionado y han mejorado mucho en los últimos años, hasta el punto de que puedo decir que podemos contar con soluciones para casi cualquier perfil viable.
Buena parte de los proyectos producen ahorros, ya sea por una reducción de consumos (eficiencia sin reducir el confort) o por la sustitución de fuentes energéticas por otras más baratas. Es posible disponer de este ahorro para ofrecer soluciones financieras que no afecten financieramente a los titulares, se trata de la inversión por terceros y es aquí donde se ha producido el mayor desarrollo y apunta a ser la solución financiera que impulsará el sector. Incluso la orden de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020 la considera.
Cuando enfrentamos un proyecto, si no disponemos de recursos o preferimos no utilizarlos, lo que hacemos es endeudarnos, asumiendo un compromiso de devolución y retribución por ello y enfrentando todos los riesgos de la inversión, y nadie financia el 100% del proyecto. En la inversión por terceros no hay deuda, se trata de que terceros inviertan asumiendo la titularidad del proyecto y todos los riesgos que implique, garantizándole un servicio y un rendimiento energético si es el caso.
Es una solución para que la administración pública pueda hacer inversiones en sus edificios y desarrollar instalaciones renovables sin necesidad de que supongan deuda, y, por tanto, computen como déficit. También es una solución para las empresas y particulares que no deseen endeudarse o utilizar recursos propios y contar con un rendimiento energético garantizado en su caso.
Si se trata de ponerlo fácil, es un recurso, ahora hay que trabajar para otorgarle credibilidad y confianza a estos instrumentos financieros.
Ignacio Contreras
Presidente de la Delegación de Andalucía del IEAF
