No hay que retroceder demasiado en el tiempo para recordar, en época de bonanza económica y cuando encadenábamos tasas de crecimiento económico superiores a las obtenidas por las regiones más desarrolladas de la UE, el término “mileurista” era empleado para adjetivar la situación de miles de trabajadores con retribuciones por debajo de la media que no les permitían hacer frente a los gastos habituales del mes y, menos aún, el poder plantearse acceder a una vivienda digna en la que poder desarrollar un proyecto de vida acorde a sus necesidades sociales.

Aunque ese tiempo se mantenga fresco en nuestra memoria, mucho ha llovido desde entonces. Hemos vivido el debilitamiento de la economía, el reconocimiento de una crisis internacional sin precedentes, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la paralización del mercado crediticio. Además, en los últimos meses, estamos asistiendo a la consolidación de los brotes verdes y a la mejora de los indicadores macroeconómicos, especialmente aquellos vinculados al beneficio empresarial de las principales empresas españolas, incluidas las entidades financieras señaladas al inicio de la crisis.

Desgraciadamente, la teórica salida de la crisis no ha tenido reflejo en las economías domésticas. Paro, agotamiento de las prestaciones por desempleo, precariedad laboral, desahucios, pobreza y exclusión social siguen marcando el día a día de una clase trabajadora andaluza que, ahora, clama por al menos poder ser “mileurista”.

Los datos no dejan lugar a dudas. El salario medio neto apenas si supera los mil euros (1.075 euros); más de la mitad de los andaluces (56,5%) no pueden permitirse una semana de vacaciones, ni afrontar gastos inesperados (53%); el 12% de ellos no ganan lo suficiente como para mantener sus hogares a una temperatura adecuada y han tenido retrasos en el pago de sus hipotecas o en sus alquileres. Todas estas terribles estadísticas no pueden concluir más que de una forma: 42 de cada 100 andaluces malviven por debajo del umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social, cual si de la temible espada de Damocles se tratara.

Una cosa parece evidente, las empresas ganan más, incluso a pasos agigantados, pero los trabajadores cada vez tenemos que hacer frente a una situación más precaria, hasta el punto de haberse acuñado el término “trabajador pobre”. Desde nuestra posición de agente social no podemos permitir que “la tarta” de la economía cada vez sea más grande pero la porción que nos toca no cese de menguar.

La situación de miles de familias andaluzas es insostenible y, por ello, ningún indicador economicista nos va a convencer de que la crisis es historia. No vamos a consentir salarios de miseria, retribuciones que pierden peso frente a las rentas del capital y sueldos que convierten llegar a fin de mes en una odisea digna de Homero.

Un crecimiento económico al margen de los ciudadanos es del todo ineficiente. Andalucía ocupa un lugar de privilegio en la clasificación de las economías que más pobreza crea. Dirigentes y patronal tienen que entender que mejorar en competitividad y en productividad requiere de la mejora de la calidad del empleo y de una mayor inversión en innovación. Por todo ello, exigimos el incremento del SMI a 1.000 euros y la inclusión, en los convenios colectivos, de un salario mínimo garantizado por dicho importe. Más allá de una reivindicación sindical es una cuestión de justicia social.

 

Carmen Castilla

Secretaria General de UGT-A

@mc_castilla