Existe un fenómeno conocido como la ‘tormenta perfecta’ y que se caracteriza por la coincidencia en un mismo punto y momento de una serie de condiciones atmosféricas adversas que provocan consecuencias catastróficas. Con este símil podríamos acercarnos a la explicación de la actual crisis financiera salvo por una diferencia fundamental: la ‘tormenta perfecta’ atmosférica no tiene responsables mientras que la actual crisis financiera sí. Ésta no surge al azar, tiene un origen concreto y un fatídico desarrollo por factores que podrían haber sido evitados o minimizados, porque la raíz del problema es la absoluta falta de supervisión y regulación de los mercados financieros, que permitió prácticas de riesgo y unas relaciones financieras basadas en la ficción y la especulación. Si le sumamos la increíble falta de reflejos de los gobiernos y organismo reguladores, tenemos todos los ingredientes para la actual situación, la ‘tormenta perfecta financiera’.

La globalización económica capitalista se caracteriza por viralizar las crisis, haciendo que sus consecuencias afecten a todas las economías del planeta y generando en el interior de éstas una auténtica metástasis socioeconómica: la crisis financiera provoca una crisis productiva que, a su vez, desencadena una crisis crediticia que desemboca en una grave crisis social. Ahora mismo estamos en esta situación, sobre la que muchos dirían que es comprensible debido a la crisis mundial. A ellos hay que recordarles que en la última etapa expansiva en nuestro país (2003-2008) las entidades financieras -ésas mismas que ahora han cerrado el grifo de los créditos a empresas y familias- acumularon enormes beneficios al conceder cientos de miles de préstamos de todo tipo, casi sin control alguno, y aprobaron más que generosas remuneraciones para sus directivos (en algún caso con sueldos hasta cincuenta veces superiores a los de algunos presidentes autonómicos). Entonces privatizaron los beneficios y ahora quieren socializar las pérdidas, que todos paguemos las consecuencias de su mala gestión y falta de previsión.

En ese periodo de aparente bonanza económica se fomentó, desde las propias entidades financieras y las administraciones a través de la normativa, una cultura del ahorro orientada exclusivamente a la compra de vivienda, un ahorro improductivo y que no generaba valor añadido a nuestra economía. Mientras, otros países de nuestro entorno diversificaron el ahorro y abrieron líneas de crédito más allá de la hipotecaria dirigidas a empresas con capacidad superior de generar riqueza a medio y largo plazo. CCOO alertó en su día sobre el tremendo error de esas políticas y la debilidad de ese patrón de crecimiento, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo por otro basado en la industria, el valor añadido y la competitividad ante el más que previsible cambio de ciclo económico. Cambio que finalmente se produjo con el estallido de la crisis en Estados Unidos y su contagio a las economías europeas, a pesar de que el gobierno y las propias entidades no lo reconocían y mantenían un guión ficticio compartido para sacar pecho por la excelente salud de nuestro sistema financiero. Los hechos lo han desmentido, obligando al Gobierno y al Banco de España a ir a remolque y a llegar tarde siempre, mostrando un elevado grado de improvisación en sus decisiones y medidas. Su actuación ha consistido en parchear. Contado así puede parecer un simple error de apreciación sobre el verdadero alcance de la situación, pero si bajamos al terreno, vemos que se traduce, por ejemplo, en la pérdida de más de 14.500 empleos en el sector financiero y el cierre de 3.600 oficinas, sin que además se hayan aplicado medidas de penalización a los gestores de las entidades de crédito, quienes mientras cobraban salarios y complementos muy jugosos, colaboraban con sus decisiones a provocar la actual situación.

Se podría haber evitado o, por lo menos, reducido la gravedad de la actual situación. No se hizo, y ahora debemos buscar soluciones sobre el límite. El primer paso no puede ser otro que conocer el valor real de los activos bancarios del país y la dotación necesaria para equilibrarlos, solo así volveríamos a la normalidad, a permitir el acceso al crédito a empresas y familias. Es la tarea más urgente, pero no la única ni la de mayor calado, porque consideramos imprescindible una reforma de fondo de nuestro sistema financiero para hacerlo más transparente y responsable socialmente. Por eso CCOO ha planteado una propuesta rigurosa para abordar esa reforma, con medidas concretas como la capitalización de las entidades con nuevos recursos de origen privado o público, la puesta en marcha de una intensa labor política que logre una decisión de carácter supranacional para la recapitalización generalizada del sistema financiero, una estricta depuración de responsabilidades, la exigencia de saneamiento de los balances y, sobre todo, el compromiso de devolución de las ayudas a plazo cierto evitando así que se vuelva a socializar las pérdidas de las entidades. En paralelo a este proceso el gobierno y las autoridades deben exigir a las entidades de crédito un esfuerzo adicional para reducir o evitar la distribución de dividendos y concentrar esos recursos en la provisión de activos para equilibrar sus balances cuanto antes y así poder liberar de nuevo el crédito. Consideramos asimismo fundamental que se trabaje en la posibilidad de renegociar la deuda cuando sea necesario para alargar los tiempos de amortización y evitar el cobro de intereses desmesurados. Por otro lado, las entidades en peor situación podrían recapitalizarse a través de la conversión de su deuda en capital, ofreciendo a los acreedores la posibilidad de convertirse en propietarios parciales o mayoritarios, opción que debería contar con un control férreo que determinara qué inversores accederían al tratarse de un sector estratégico.

El Estado también posee instrumentos públicos con los que aliviar la restricción del crédito. Entre ellos, y a corto plazo, se debería reforzar las líneas de financiación del ICO como vía crediticia de las Pymes bajo una exhaustiva definición de requisitos y compromisos para el acceso a las mismas. A medio y largo plazo, este país debe diseñar una banca pública eficiente y profesionalizada, siendo imprescindible recursos financieros públicos, sin olvidar que la red de cajas de ahorro con difícil viabilidad puede ser una oportunidad para avanzar en esta línea. Eso requiere que la actuación pública sobre las cajas que ya están intervenidas y las controladas por el FROB se centre en mantener su actividad, preservar el empleo y acordar las medidas de ajuste necesarias con la representación sindical de sus trabajadores. Una banca pública gestionada con solvencia, eficiencia y rentabilidad, y cuyos beneficios reviertan en el Estado para la financiación de otras políticas públicas.
Además proponemos que se establezca una tasa sobre las operaciones financieras, especialmente sobre las de corto plazo, que se exija un esfuerzo para que cumplir el pago sobre los beneficios reales en el impuesto de sociedades y que se utilicen los mecanismos de control y supervisión más severos de las autoridades monetarias españolas. Por supuesto que entre estas medidas debería contemplarse la limitación de las retribuciones de los ejecutivos y alta dirección de las entidades, sobre todo de aquellas que reciben algún tipo de apoyo público, y actuar sobre el modelo final de las cajas de ahorro para que sigan manteniendo su función social, eviten la exclusión financiera de las capas más bajas de la sociedad y continúen ejerciendo su papel de dinamizadores de proximidad de la economía y favorecedores del crédito.

Al mismo tiempo se debe trabajar sobre algunas políticas que dependen del sector financiero y están condicionadas por él. Como ejemplo, urge una modificación estructural de las políticas públicas de vivienda y urbanismo para cambiar las pautas de ahorro de la sociedad española, apostando por la opción del alquiler y favoreciendo que dicho ahorro sea reconducido a inversiones que nos hagan avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

En todo caso, desde CCOO planteamos que cualquier reestructuración o reforma del sector financiero tiene que ir acompañada por el diálogo social para concitar el máximo consenso posible en torno a ella y evitar procesos traumáticos en materia de empleo. Acordar y consensuar un nuevo sistema financiero eficiente, equilibrado, viable y socialmente comprometido y responsable, que sea capaz de conjugar la obtención de lícitos beneficios con el interés general de la sociedad. Ese es el sistema financiero por el que nuestro sindicato apuesta a través de nuestra propuesta.

La ‘tormenta perfecta’ existe, también en economía. Estamos en su mismo centro, padeciendo sus catastróficas consecuencias. La atmosférica no se puede evitar, la financiera sí pudo haberse previsto y evitado, incluso una vez desencadenada, haber minimizado sus efectos negativos. No se hizo, y el enorme edificio ficticio construido por las entidades financieras, los especuladores y la incompetencia de los gobiernos y organismos de control, ahora está siendo arrasado por la tormenta, dejando a la intemperie y desprotegidos a los mismos de siempre, los trabajadores y las personas más desfavorecidas de la sociedad. Es el momento de reconstruir las paredes con materiales sólidos, seguros y duraderos, y de exigir a los que construyeron la anterior chapuza que reparen el desaguisado y trabajen. Es urgente reformar el edificio del sistema financiero para que resista embestidas como las de esta tormenta perfecta y sea puesto a disposición de la sociedad para favorecer sus intereses generales; CCOO ya ha presentado su propuesta de plan de obras para iniciar su construcción.