Aunque con los resultados electorales del 20 de noviembre hemos conocido cuál ha sido la opción elegida por la mayoría de la población española, a la vista de las informaciones económicas que sucedieron, al júbilo de los vencedores y la pesadumbre de los perdedores, en días posteriores pareciera como si los mercados, los analistas financieros y, en general, la realidad económica tuviera su propio tiempo, su propio espacio, su propia manera de razonar, hacer o deshacer.

No deja de producirme perplejidad cuando se afirma que el comportamiento de los mercados, las horas y días posteriores a las elecciones, ya estaba descontado con las decisiones que a lo largo del mes de noviembre se han ido tomando por parte de unos inversores que conforman sus decisiones sobre la base de una brutal especulación. Me produce inquietud que el día de confirmación de vuelco electoral en España, el Ibex 35 cerrase su sesión en el parquet madrileño con una caída del 3,48%, llegando a los 8.021 puntos; la prima de riesgo rondase los 470 puntos básicos o que fuera intervenido el Banco de Valencia por parte del regulador inyectando 1.000 millones de euros y abriendo una línea de liquidez específica de 2.000 millones de euros más. O que a las 48 horas de conocer los resultados electorales que otorgaban un importante número de diputados a CIU, el presidente de la Generalitat anunciase una batería de recortes en ningún momento mencionado durante la campaña electoral y que a todas luces conocía y conformaban la hoja de ruta del Gobierno catalán (dando por bueno el comentario de que en esta campaña han existido muchas medias verdades e incluso algunos programas ocultos). Me indigna que las agencias de calificación (esas organizaciones que fallaron estrepitosamente durante el inicio de la crisis económica y no fueron capaces de advertir y calificar los graves riesgos que determinadas entidades financieras estaban asumiendo con gravosas operaciones de ingeniería financiera) consideren como totalmente necesario, aunque no suficiente, que el nuevo Gobierno desarrolle reformas “radicales” y “sorprendentes” con objeto de ganar profundizad en los mercados: pero este planteamiento sólo se consigue, según ellas, reduciendo a la mínima expresión la dotación de bienes y servicios públicos que los gobiernos ofrecen a la ciudadanía.

Queda claro que los mercados se baten el cobre duramente con la política, con mayúsculas, y las políticas gubernamentales y que lejos de conformarse con procesos lineales, racionales y probables plantean su propio discurrir y proceder. Para muchos un comportamiento poliédrico difícilmente gobernable que obliga a nadar a favor de la corriente de los mercados con una brújula que nos indica una ruta llena de guiños a planteamientos que han sido una reivindicación constante del empresariado y los poderes económicos.

Todavía con el contador a cero, el próximo gobierno ya tiene un importante y largo recetario al que va a tener que hacer frente y que sitúa una gran espada de Damocles en la esfera de lo público, con el trasfondo de los recortes sociales, cuestión que se completa con una caja de Pandora, por abrir, con medidas de ajuste fino.

De hecho, uno de los planteamientos que se viene defendiendo con mayor fuerza, por los analistas con eco en parte de la prensa especializada, es la absorción del stock de vivienda con un coste mínimo para la banca. Una medida que tiene como transfondo un excedente de viviendas que se eleva a 700.000 inmuebles y que se plantea sobre la consideración de que hasta que el sector financiero no resuelva el problema inmobiliario en sus balances no se podrá volver a hablar de fluidez de crédito.

Un enfoque que aleja cada vez más la posibilidad de resolver un gravísimo problema que se ha generado con la crisis económica y que no es otro que la pérdida de la vivienda por un importante número de familias en España.

Una dificultad añadida a los problemas de desempleo que se traduce en un drama personal y familiar para cuya resolución se están proponiendo medidas como la dación en pago o una moratoria hipotecaria y que, aunque haya tenido cierto reflejo en los distintos programas electorales de los partidos políticos, parece que, en ningún caso, se va a situar como uno de los problemas a resolver por el nuevo ejecutivo.

Y, aunque muchos no lo vean, con esta actitud se está evitando establecer una reforma de la normativa hipotecaria sustantiva, concursal y procesal que ha demostrado no estar a la altura. En cualquier caso, lo que hasta ahora se sigue proponiendo, “no hacer nada”, “no intervenir”, no parece que resuelva la situación dramática de cientos de miles de familias que no pueden afrontar el pago de sus obligaciones crediticias, incluyendo su hipoteca.

Por eso es tan importante que adoptemos medidas que generen un poco de fuelle, de cámara de aire, de colchón económico y social a las familias que peor lo están pasando. Y en ese sentido, la regulación y adopción de una moratoria hipotecaria que evite ser víctima de un procedimiento de ejecución fulminante debe ser una de ellas. Permitir que se suspendiera el pago de la hipoteca, o se redujera su cuota, a personas físicas que cumplan una serie de requisitos y por tiempo limitado ayudaría, de manera sustancial, a sobrellevar los nefastos efectos de esta crisis. Una medida razonable y justa que evitaría que la espada de Damocles se acercara cada vez más a las cabezas de un número importante de personas, precisamente a los que peor, en mayor soledad y con menos recursos se enfrentan a los estragos del tiempo que nos ha tocado vivir.