Tras las recientes elecciones generales en las que se ha producido un cambio político en el Gobierno, las expectativas de todos los ciudadanos están puestas en las primeras medidas que el nuevo ejecutivo del Partido Popular ha de tomar para intentar reducir las consecuencias de la tremenda crisis que convive con nosotros desde hace ya demasiado tiempo. Como parte interesada de la ciudadanía, los autónomos esperamos igualmente avances en lo que a nuestro colectivo se refiere, tanto con la recuperación de temas que han quedado pendientes, como con la instauración de medidas que el equipo de Mariano Rajoy había ofrecido durante las semanas previas a la celebración de los comicios.

Al disolverse las Cámaras, quedaron pendientes de tramitación algunos proyectos de Ley y proposiciones de grupos parlamentarios, que tenían la intención de introducir mejoras fiscales o regulatorias en varios sectores del trabajo autónomo. La legislatura anterior ha de considerarse desde nuestra óptica con una lectura positiva, por cuanto con las leyes tramitadas se ha accedido a la jubilación anticipada a los 63 años, se ha dado una mayor flexibilidad en la cotización, nuevas bonificaciones fiscales, mayores derechos para los TRADE, y sobre todo el sistema específico de acceso a la prestación por cese de actividad, coloquialmente conocido como “el paro de los autónomos”.

Sin embargo, esa disolución ha impedido la aprobación de dos leyes de interés: el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución.
En el primer caso, se pretendía trasladar la directiva europea de Transportes Terrestres, flexibilizando el acceso a la autorización administrativa en el sector del transporte ligero, y que ahora deberá hacerse sin ley de aplicación. La Ley de Contratos de Distribución, por su parte, era una aspiración de varios colectivos de autónomos, como los franquiciados o los vendedores de prensa, que necesitaban una mejor regulación jurídica de las relaciones contractuales con sus proveedores.

Desde UPTA se espera que ambos proyectos, con las sugerencias aportadas por nuestra organización, puedan ser recogidos por el nuevo Ejecutivo salido de las urnas, ya que, independientemente del color político del mismo, se trata de medidas necesarias y en las que todo nuestro colectivo está de acuerdo. De ese modo, se continuaría con la necesaria tarea de lograr que los trabajadores por cuenta propia alcancen la relevancia legal que por su importancia en la economía ya poseen.

Los trabajadores autónomos conforman el grupo socioeconómico que más directamente se ha visto afectado por las consecuencias de la crisis económica, ya que en la mayoría de los casos se han visto obligados a cerrar sus actividades sin ningún tipo de amortiguación, léase prestación por desempleo. Las previsiones de la economía española y los recortes que se anuncian pueden empeorar esta situación, por lo que consideramos imprescindible que dichos ajustes no se apliquen a las políticas activas dirigidas a fomentar la actividad económica, sino aumentando la progresividad y solidaridad fiscal en el ámbito de las empresas, que cuentan con recovecos fiscales y beneficios, como el Impuesto de Sociedades, con los que no cuentan los autónomos.

Sería de gran ayuda el establecimiento, asimismo, de un sistema nacional de avales y microcréditos, que ayude a la financiación de los trabajadores por cuenta propia más necesitados, así como a los jóvenes y las mujeres. Luchar contra la morosidad debe ser también un objetivo prioritario.

Y todo lo anterior, sin olvidar la obligación política y jurídica de constituir formalmente y de manera inmediata el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde nuestra organización ha sido considerada como la más representativa, con el fin de que se convierta en el foro intersectorial donde todas estas ideas y propuestas se vean reflejadas y estudiadas.