La negociación colectiva se asienta en el principio inamovible del acuerdo entre las contrapartes, es decir, representantes sindicales de los trabajadores y empresarios, que llegan a un consenso -muchas veces tras duras negociaciones y, en ocasiones, movilizaciones- donde ambas partes tienen que ceder hasta alcanzar un punto de equilibrio entre sus intereses contrapuestos. Por tanto es imprescindible que cualquier reforma de la negociación colectiva pivote precisamente sobre el acuerdo entre sindicatos y patronal con la lógica participación del gobierno de turno. Imponer unilateralmente una reforma sobre un ámbito eminentemente de consenso es ir contra su naturaleza y, por tanto, abonarse a un fracaso seguro. Y si además esa imposición unilateral y sin consenso a última hora es modificada porque una de las partes, en este caso la patronal, chantajea al gobierno y logra colar la mayoría de sus demandas por la puerta de atrás, el recorrido de esa reforma será corto y lleno de dificultades. Esto es lo que ha sucedido con la aprobación del decreto de la reforma de la negociación colectiva remitido al Parlamento, un decreto que dinamita los cimientos de las relaciones laborales y que supone una nueva agresión contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.

Nuestro sindicato viene reivindicando desde hace años -cuando nadie hablaba de esto- la modernización de las relaciones laborales y, en concreto, de la negociación colectiva en este país ante las lagunas que tiene la actual estructura de convenios para responder a las nuevas demandas y necesidades laborales. Apostamos por modernizar, sí, pero manteniendo el núcleo de la negociación colectiva, que no es otro que la defensa de los derechos de los trabajadores y la mejora de sus condiciones laborales y de vida. Por eso la actuación del gobierno, introduciendo horas antes de presentar el decreto modificaciones sustanciales al dictado de la patronal, lo convirtió definitivamente en inaceptable para el movimiento sindical por contener elementos que atacaban a los derechos laborales de los trabajadores y debilitaban hasta casi hacerla desaparecer la negociación colectiva. El decreto bien podría haber llevado la firma de la patronal porque recoge su prontuario de propuestas: mayor flexibilidad, facilitad para el despido, descuelgue unilateral de los convenios, modificaciones de las condiciones de trabajo, vaciar las comisiones paritarias, etc… Todos los ingredientes para avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales y devaluar el papel de la representación sindical en la defensa de los trabajadores, o lo que es igual, la eliminación de la negociación colectiva.

El eje de este ataque a nuestro sistema de negociación colectiva se sitúa en que el decreto da prioridad a los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales o estatales sin mejorar ni garantizar a la misma vez la capacidad de interlocución y negociación de los trabajadores. Es decir, se abre la puerta a una progresiva atomización del mapa de convenios, y en ese escenario los trabajadores siempre llevan las de perder al no poder optar a convenios de ámbito superior que, por lo menos, les garanticen unos estándares mínimos de derechos laborales. Aquí se cumple el refrán: divide y vencerás; es algo que la patronal tiene claro y por lo que ha luchado hasta conseguir colarlo. La apuesta de CCOO en este sentido es mejorar el convenio sectorial, ya sea provincial, territorial o estatal, a traves de la negociación en la empresa, mientras que el decreto del gobierno permite romper un convenio sectorial con uno de empresa en cualquier momento de la vigencia del de ámbito superior. Es una atrocidad desde la perspectiva de los derechos laborales, mucho mayor cuando tres garantías asumidas por la patronal para que esto pudiera darse han desaparecido en el decreto definitivo: comunicación a la comisión paritaria del convenio sectorial superior de la apertura del convenio de empresa, presencia de asesores sindicales firmantes del convenio superior y que las condiciones del de empresa nunca fueran inferiores al convenio superior o sectorial. Lo dicho: servido en bandeja de plata y sin las espinas de estas garantías.

Pero el decreto va más allá porque profundiza en la peligrosa línea que la reforma laboral abrió, y cuyas nefastas consecuencias sobre el empleo estamos padeciendo desde que entró en vigor. No solo no se corrige el desequilibrio a favor de la parte empresarial introducido por la reforma laboral en materia de jornadas, puestos de trabajo y descuelgue de convenios, sino que el decreto amplía estas atribuciones, dejando en manos de los empresarios a unos trabajadores casi sin posibilidad de defensa ante decisiones arbitrarias o injustificadas. Ni en sus mejores sueños podía la patronal imaginar algo así, el retroceso en la participación real de los representantes de los trabajadores en las empresas. Un retroceso que se materializa con la atribución de competencias no vinculantes a las comisiones paritarias, cuyo papel tendrá que ser pactado entre las partes, y en la desaparición de los avances alcanzados por sindicatos y empresarios en la mesa de negociación sobre flexibilidad interna y la necesidad de conjugarla con la participación de los representantes de los trabajadores, que han sido borrados de un plumazo. El decreto contempla ventajas para los empresarios en decisiones sobre flexibilidad y jornada, bolsas de horas y movilidad de puestos de trabajo, desnivelando así la balanza a favor de la patronal en detrimento de los trabajadores y sus representantes.

Siendo negativa como es, en Andalucía sus consecuencias serán aún más graves sobre los derechos de los trabajadores debido a que el tejido empresarial de nuestra región está formado mayoritariamente por pequeñas empresas. Hasta ahora las plantillas de estas empresas tenían garantizados sus derechos al poder los representantes sindicales referenciar sus convenios con el de ámbito superior sectorial; tenían la red del convenio sectorial que evitaba la caída libre. Con la reforma de la negociación colectiva los empresarios de estas pymes tendrán las manos libres para descolgarse de ese convenio de ámbito superior, sustituirlo por uno de empresa con la consiguiente reducción de derechos para los trabajadores y detentar casi el poder absoluto en las decisiones que afecten a la plantilla. Y la cosa no queda ahí, porque a esto hay que sumarle las consecuencias de la reforma laboral, que está permitiendo precarizar el empleo en las empresas y abaratar los despidos sin casi tener que justificarlos, y la situación de bloqueo desde hace meses de multitud de convenios colectivos que deberían haberse negociado, con la consiguiente pérdida de derechos y de salarios para miles de trabajadores andaluces. Dos reformas, la laboral y la de la negociación colectiva, que para Andalucía son más lesivas si cabe que para otras comunidades debido a la naturaleza de su tejido productivo, su estructura empresarial y los déficits históricos que arrastramos en cuanto a empleo y la calidad del mismo.

El gobierno ha cedido a la presión de la patronal, ahora al movimiento obrero le toca responder. Tenemos motivos claros para oponernos a la reforma de la negociación colectiva y poseemos la fuerza moral de habernos dejado la piel en la mesa de negociación hasta última hora con propuestas y disposición de alcanzar acuerdos. Ahora se abre un periodo en el que utilizaremos todos los recursos e instrumentos a nuestro alcance para rectificar esta reforma de la negociación colectiva y los elementos que van en contra de los derechos de los trabajadores de este país. Derechos y conquistas laborales que han costado décadas de lucha y acuerdos, y que en un abrir y cerrar de ojos pueden sernos arrebatados. CCOO volverá a estar a la vanguardia de esta nueva lucha por defender esos derechos de miles de trabajadores andaluces y rechazar contundentemente una reforma de la negociación colectiva que la deja herida de muerte.