Darse de baja de un servicio tan fácilmente como se contrató o pagar exactamente la cantidad correspondiente al tiempo de permanencia en un aparcamiento o a la duración de la llamada telefónica efectuada ya no son misiones imposibles. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios que prohíbe los redondeos y facilita la cancelación de contratos. El texto también garantiza el derecho del comprador de una vivienda a no asumir la misma hipoteca que el vendedor y obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete, tasas incluidas.

BAJAS EN CONTRATOS
La ley pretende acabar con cláusulas abusivas para el consumidor y eliminar la infinidad de obstáculos que surgen a la hora de poner fin a un contrato. Así, cuando un usuario quiera darse de baja de un servicio tendrá «las mismas» condiciones que cuando se dio de alta, «sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de servicios no prestados, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños causados». La ley también obliga a garantizar al consumidor una atención personal directa y no exclusiva a través de un contestador automático. «Las empresas deberían saber que un buen servicio de atención al cliente ahorra muchas reclamaciones, trabajo para la propia empresa y utilización de recursos públicos que podrían emplearse en otros ámbitos», destacó la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado

REDONDEO AL ALZA
Los aparcamientos deberán cobrar «el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio»; es decir, el coste se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos al alza. Así, el titular del parking deberá entregar al usuario un justificante donde figure el día, hora y minuto de entrada al recinto. En este caso, la normativa aprobada ayer prevé un periodo transitorio de adaptación para las empresas.

En general, la ley quiere aportar «mayor claridad» en las modalidades de cálculo del precio de los contratos, «evitando la facturación de servicios no prestados». De esta forma, en la telefonía móvil, el texto establece que la factura sea computada por segundos.

COMPAÑÍAS AÉREAS
Respecto a las aerolíneas y servicios similares, el proyecto de ley obliga a que se informe del «precio completo, incluidos impuestos, o presupuesto, en su caso». En toda información al consumidor, también la publicitaria, se hará constar el coste final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los desembolsos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares. La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude, según la norma.

VIVIENDA
En cuanto a la vivienda, la ley prohíbe que se trasladen los gastos que corresponden al vendedor o los gastos de conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como el enganche del agua, gas, electricidad o el alcantarillado. También se prohíbe penalizar al comprador en caso de que éste no subrogue la hipoteca que tenía el vendedor; a a partir de ahora, el nuevo propietario tendrá libertad para elegir el préstamo hipotecario que más le convenga.

FONDO DE GARANTÍA
La ley no incluye una propuesta del PP sobre la creación de un fondo de garantía para los clientes de empresas de bienes tangibles, con el que compensar fraudes como el causado a los afectados de Fórum y Afinsa. La enmienda sólo consiguió el apoyo de CiU. En cualquier caso, los consumidores se mostraron satisfechos con el nuevo texto, que permite perseguir con «más facilidad» prácticas abusivas «muy extendidas», aunque dudaron de su eficacia en la práctica.