Después de un año marcado por la esperadísima Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, podríamos pensar que en 2018 estarían resueltos nuestros principales problemas como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Sin embargo, esta Ley ni ha sido tanta reforma ni, por lo dilatado del trámite, ha sido urgente. Quizás sí ha abordado cuestiones que era necesario afrontar cuanto antes, pero ni de lejos resuelve la situación en la que nos seguimos encontrando. Curará ciertas heridas, pero no nos sanará.
Porque las principales cuestiones que, entendemos, sí proporcionarían un sistema renovado solidario, sostenible y, por lo tanto, justo, se han quedado en el tintero. Por eso, en 2018 tendremos que seguir buscando soluciones e instando, a quien corresponda, que asuman la responsabilidad de hacerlas efectivas. No obstante, esta misma Ley sí nos ha dejado una puerta abierta a la esperanza al establecer plazos concretos para abordar cuestiones fundamentales para nuestro colectivo y que deben traducirse en una verdadera reforma del sistema por el que nos regulamos.
Entre estas, la más trascendente a título individual es la mejora de la protección social y, por tanto, el sistema de cotización. Para ello, ya se ha abierto una subcomisión en el Congreso para estudiar la cotización a tiempo parcial y la jubilación parcial, así como el concepto de habitualidad para determinar de forma segura cuando es necesaria la afiliación. Sin embargo, nada dice la Ley sobre la cotización por ingresos reales ni sobre la posibilidad de establecer una exención a la cotización por debajo de determinados ingresos. Esto, que además de ser lo lógico, sí que supondría devolverle la justicia y la solidaridad al sistema. Que pague más quién más gana y menos quien más lo necesita. Por mucho que se repita que alguna de las medidas aprobadas por la Ley de Reformas supone ya cotizar por ingresos reales, no es cierto. Que no nos confundan.
También deberíamos cuestionar la voluntariedad de las cotizaciones, porque en la práctica no es efectivo. Si queremos un trabajo autónomo de calidad, debemos garantizar la protección social; darles seguridad para desarrollar sus actividades y planificar su futuro: prestaciones suficientes acordes con las carreras de cotización, especialmente en materia de jubilación.
En cuanto a los derechos colectivos, este debe ser, sin duda, un año trascendental, ya que esta primavera debe convocarse el proceso para medir la representatividad de las asociaciones que representamos al colectivo, para que, antes de octubre, se constituya de una vez por todas el Consejo del Trabajo Autónomo. Institución creada por el Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007, modificada hasta en tres ocasiones y no constituida nunca. Porque salvo en 2011, que se midió la representatividad como proceso, lo que se ha venido haciendo estos años es medir el peso relativo de las asociaciones a efectos de subvenciones. Lo cual no es un verdadero proceso y con mucho menos alcance, ya que no mide la verdadera implantación en el territorio.
No son suficientes estas líneas para contar lo que se ha quedado pendiente y lo que nos queda por hacer: mejorar la segunda oportunidad y el cese de actividad; incrementar las sanciones en materia de morosidad; establecer mecanismos frente a los falsos autónomos; mejorar la figura del TRADE; establecer un subsidio social… y tendría que seguir. Y seguiremos en 2018 trabajando por mejorar la vida de los autónomos y autónomas, por conseguir lo que merecen. Nos deseo un próspero 2018.
Inés Mazuela Rosado
Secretaria General de UPTA-A
@InesMazuelaRo
