Cuando Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, afirmaba a su colega Olli Rhen, Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, que la reforma laboral iba a ser “extremadamente agresiva” el presidente del Gobierno de España ya había tenido la oportunidad de dirigirse a sus homólogos europeos en parecidos términos. Era la primera vez que el presidente acudía a un consejo europeo, concretamente el celebrado el día 30 de enero. Ya entonces, conocedor como era de los cambios y ajustes a realizar, confesaba en amigable conversación “off de record”, al primer ministro finlandés que: “la laboral nos va a costar una huelga” El detalle: en ambos casos la ciudadanía española se enteraba de estos extremos gracias a, lo que en el argot periodístico llaman: un posado robado. Un elocuente proceder que para algunos alumnos aventajados de Maquiavelo se explicaría sobre el interés de una estudiada y mediática campaña de comunicación sobre la Reforma Laboral que tenía así, como el que no quiere la cosa, su pistoletazo de salida.

Curiosa la arbitrariedad de algunos políticos que rápidamente olvidan de dónde emana el poder que ostentan (señorías…. ¡del pueblo soberano!), y que entienden que la información y las explicaciones se darán a su debido tiempo y ante quien corresponda. Una cuestión que daña no sólo al político que lo hace y al partido que lo sustenta, sino – y esto es mucho más grave- a una democracia herida.

Mientras esto ocurría, el centro de gravedad del interés del mundo laboral, político y mediático pasaba del contenido, el análisis y el posible recorrido del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, a un estado general de conjeturas, especulaciones y acertijos. Todo el arco iris mediático con la ayuda de analistas, expertos laborales, economistas y reputados tertulianos entraban al trapo analizando y vislumbrando las posibles opciones con las que justificar las “agraciadas “expresiones de los responsables de la política económica de nuestro país. Pasábamos de lo real, un acuerdo patronal-sindicatos sobre salarios, flexibilidad interna y negociación colectiva a la hipótesis de una reforma laboral de la que sólo se conocían sus fundamentos y en la que se aventuraban los trazos gruesos sobre la base de los mensajes del Ejecutivo. Flaco favor para el diálogo, la negociación y la concertación social, en una doble vertiente: a) No se informaba a los sindicatos sobre el interés, proceder y características del texto de la reforma anunciada y b) No se ponía en valor, en ningún caso, el acuerdo sobre salarios y negociación colectiva alcanzado.

La brújula de los mercados dejaba de señalar el norte del “acuerdo imperioso y necesario” entre empresarios y representantes de los trabajadores para señalar la urgencia de una reforma laboral predeterminada. El grito de “¡más madera!” era voceado por replicantes de los chicagos-boys al estilo cañí. Se oía cada vez más claro y el tono dejaba de ser desiderativo para transformarse en imperativo. La urgencia se justificaba sobre la excepcionalidad de la economía y la grave situación del empleo en nuestro país.

Y en una semana en la que el frío siberiano estaba palideciendo a España llegó una reforma laboral, aunque en sentido estricto deberíamos llamarla contrarreforma, que va a dejar helado al mundo del trabajo. Porque, por muchas vueltas que se le dé, a esta reforma no hay por donde cogerla. Tras su lectura se desmontan, una por una, las tesis avaladas por el discurso oficial del Gobierno y la cruda realidad aflora sin paliativos. Aquellos que seguían manteniendo sus esperanzas sobre el proceder de este Gobierno tienen ahora la posibilidad de comprobar cómo entre las promesas y la realidad hay grandes diferencias.

De nada va a valer el argumentario preparado por el PP, del que ya hizo gala la ministra de Empleo y Seguridad Social, el día de la puesta de largo de la reforma. De nada el desembarco en los medios de comunicación de la flor y nata conservadora con sus buenas palabras en nombre del empleo. De nada, porque a poco que la ciudadanía conozca la gravedad y los efectos reales que los cambios normativos van a tener en su trabajo presente o futuro la incredulidad y la desolación van a ir tomando forma. Difícilmente será posible lograr el apoyo social para una reforma laboral que se ha configurado desde el engaño. De hecho, ni se oculta por parte del Presidente del Ejecutivo que esta reforma laboral no va a crear empleo. Lo que se evita decir pero, desgraciadamente, va a quedar evidenciado en breve es que va a facilitar la destrucción y precarización del empleo.

Ante esta realidad la UGT tiene importantes responsabilidades como sindicato: informar a aquellos que quieren trabajar y no encuentran un empleo y a aquellos que trabajan y tienen miedo, mucho miedo a perder su empleo sobre los efectos y el alcance de una reforma que transmuta la realidad de las relaciones laborales existentes hasta ahora en el seno de las empresas. Explicar que esta reforma no creará empleo sino que provocará mayor precariedad, que abarata y facilita el despido, que empobrece al trabajador, que lamina la negociación colectiva, que generaliza el subempleo como única manera de acceso al empleo para los jóvenes, que permite al empresario imponer reducción de jornada, horario y funciones, que el personal laboral del sector público podrá ser despedido sea cual sea su relación contractual y su sistema de acceso, que el empresario podrá bajar de forma unilateral el sueldo a los empleados y un largo etcétera.

Una labor pedagógica que exige claridad en los mensajes, esfuerzo colectivo y mucho trabajo sindical para garantizar que nuestras explicaciones y argumentos lleguen a todo el mundo. Condición necesaria para tratar de cambiar esta reforma desequilibrada y que debe converger en la conformación de una fuerza social mayoritaria que exprese su contrariedad y disconformidad ante una reforma radical y agresiva. El mundo del trabajo tiene que ser consciente que no es posible cruzarse de brazos y de que tiene que convencer a propios y extraños. La única manera de poder frenar este espaldarazo definitivo a los intereses empresariales es de manera conjunta y colectiva. Se trata del mayor ataque a los derechos de los trabajadores de la democracia. No podemos permitir que el trabajo digno se extinga por inanición.

Estamos ante el momento de la verdad y para esta reforma no existen vacunas.

Manuel Pastrana Casado
Secretario general de UGT de Andalucía