La Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras, Gaesco ha presentado un recurso en vía administrativa contra el pliego de enajenación de suelo para edificar 250 viviendas protegidas en Osuna, a causa de establecer unos criterios que imposibilitan la participación de las empresas constructoras y promotoras sevillanas, en favor de las cooperativas.

Estas actuaciones que imposibilitan la participación en las licitaciones de los Ayuntamientos son contrarias a la Constitución y la Ley, por lo que desde Gaesco se ha impugnado el procedimiento.

Según Alfonso Sedeño, presidente de la patronal sevillana, “Gaesco está a favor de la promoción de viviendas protegidas y ofrece la colaboración de la iniciativa privada para el desarrollo de estas viviendas, estimando que con su participación se garantiza más trasparencia en la selección y adjudicación de los adquirentes que mediante la actuación de las cooperativas, ya que a éstas, hasta el momento y en una situación de cuestionable legalidad y coherencia, no se les está exigiendo la adjudicación mediante un sistema que garantice la igualdad, publicidad y concurrencia, como hacen las empresas privadas”.

La iniciativa privada vende sus viviendas protegidas al precio estipulado por la Ley, mientras que las cooperativas, en no pocas ocasiones, recurren a la mejora de calidades o desviaciones financieras y presupuestarias para encarecer el precio final de venta.

“Desde el Ayuntamiento de Osuna se ha recurrido a la vía de las cooperativas para burlar el cumplimiento de la Ley, especialmente en lo que se refiere a la selección de adquirentes de las viviendas protegidas, que ha de estar abierta a todos sin excepciones, y el precio máximo de venta”, afirma Sedeño.

Gaesco no pretende judicializar su actuación ante las Administraciones, pero si no se ofrece alternativa alguna, no dudará en llegar hasta la instancia necesaria en defensa de la legalidad y los derechos de sus asociados. Los responsables de los ayuntamientos han de ser concientes de que la Ley no sólo obliga a los empresarios, y que la Administración también está obligada a cumplirla, por más que pudiera ser contrario a sus intereses, que no necesariamente coinciden con los de su ciudad.

La patronal sevillana ya ha presentado sendos recursos contra los Ayuntamientos de Coria del Río y Umbrete, ante el perjuicio de las condiciones ilegales impuestas a las empresas sevillanas, los cuales están recibiendo el silencio por respuesta, por lo que se ha encargado al gabinete jurídico de Gaesco el estudio de las responsabilidades penales en las que pudieran estar incurriendo los responsables de su resolución, ya que la decisión de mantener una inactividad voluntaria puede ser considerada como resolución injusta, y eso está penado por la Ley.