Las observaciones realizadas por los nueve miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), sobre el anteproyecto de ley de Defensa de Competencia, elaborado por el Gobierno, pone en cuestión algunos de los aspectos del mismo, fundamentalmente en lo que se refiere al control de las concentraciones empresariales y a la nueva estructura de la futura Comisión Nacional de Competencia.
La futura ley, actualmente en fase de tramitación, fundirá el TDC y el Servicio de Competencia, que depende de Economía y Hacienda, en un único organismo, la Comisión Nacional de Competencia, integrada por una dirección de investigación, cuyo responsable nombra el Gobierno, y un consejo.
Junto a la posición del TDC frente a la nueva legislación, también hay que destacar la actitud «contraria de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia, y la absoluta oposición de cuatro representantes del TDC: Emilio Conde, Fernando Torremocha, Javier Huerta y Antonio Cacho», según reconoce el Ministerio de Economía.
Estas son las principales críticas de las observaciones remitidas por el TDC a Economía, con fecha 21 de noviembre de 2005, en las que subraya que el borrador del anteproyecto «adolece de debilidades globales importantes».
