Subraya la vital importancia de una gestión eficaz de los fondos europeos para evitar que la crisis coyuntural se convierta en estructural

En el contexto de un intenso inicio de año, con multitud de temas de alta incidencia en la actividad empresarial, el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acordado elevar a la opinión pública sobre varios temas.

Sobre la crisis sanitaria, CEA muestra su máxima lealtad al Gobierno de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias respecto a la gestión de la pandemia y expresa su voluntad de colaboración con el Ejecutivo autonómico y su convencimiento de que la salud pública es prioritaria, reivindicando a la par medidas que faciliten la continuidad de la actividad de empresarios y autónomos.

La patronal andaluza lamenta la ausencia de medidas “de mayor calado” para los principales sectores de la Economía; medidas que habrían de ser adoptadas por todas las administraciones, eliminando costes y facilitando ayudas directas para evitar un endeudamiento de las empresas que conlleve su desaparición, en el peor de los casos.

Además, reivindican un esfuerzo suplementario de inversión en Andalucía para la terminación y modernización de la infraestructura ferroviaria andaluza. CEA subraya, en concreto, la conclusión necesaria de los ramales Central y Mediterráneo del corredor ferroviario y considera de gran importancia la conexión ferroviaria de alta velocidad con Portugal del eje Sevilla-Huelva-Faro, en el marco de la colaboración regional hispano-lusa.

Además, este esfuerzo presupuestario debe alcanzar también las infraestructuras energéticas necesarias en Andalucía de fuentes renovables. Desde CEA alerta de que la Comunidad corre el riesgo de perder proyectos y la financiación comprometida en aquellos pendientes de infraestructuras de evacuación. Ejemplos sobre años de retrasos acumulados son los sufridos por los ejes norte y sur de conexión Granada-Almería, la subestación Baza-Caparacena, y la subestación en La Puebla de Guzmán (Huelva).

La patronal también reclama una asignación de los fondos europeos justa, con una distribución territorial equitativa siguiendo los criterios de población, tasa de desempleo y PIB per cápita fijados para estas ayudas comunitarias por los países miembros de la Unión Europea.

También se adhiere a las propuestas de sus organizaciones miembros ASAJA y Cooperativas Agro-alimentarias, contrarias a los criterios del Gobierno de España sobre la PAC. Por “prudencia y responsabilidad no es el momento de acometer cambios profundos en nuestra economía” que no estén orientados exclusivamente a la reactivación y recuperación de la actividad empresarial. Andalucía podría perder, ya en 2021, entre 350 y 400 millones de euros en un sector clave. En muchos casos, las ayudas directas garantizan la rentabilidad de explotaciones que producen sin márgenes por el incremento de los costes (subida del SMI), fiscales y energéticos, y por el mantenimiento los precios.

CEA reclama que las propuestas del sector y de la Consejería sean atendidas y que el Real Decreto sea modificado. De tal forma, el que se implementaría durante estos dos años sería el modelo de convergencia aplicado hasta hoy, acordado en su día entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas.

La organización empresarial también ha acordado aunar esfuerzos para que el proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra se instale en Andalucía, dada su situación geoestratégica. “Nuestra Comunidad es una candidata de excelente potencialidad, con una base industrial complementaria a las necesidades del proyecto de Defensa”.

Finalmente, CEA insta al Ejecutivo andaluz a impulsar su actividad de Gobierno este año, aportando medidas de agilización de trámites y simplificación administrativa. También continúan pendientes de desarrollo diversos planes y normas de alto interés empresarial como el Plan de Emprendimiento, la planificación ambiental o la modificación de la legislación ambiental o la de Comercio. La patronal andaluza subraya la particular relevancia de un impulso administrativo de los fondos Next Generation EU.