Durante 2012 la actividad concursal en España no ha dejado de crecer. Las insolvencias empresariales en nuestro país han marcado un nuevo récord y alcanzaron los 7.233 concursos, un 35% más que en 2011. Y 2013 llega con malas perspectivas, ya que no se prevé ningún cambio de tendencia. Según el Baremo Concursal 2012, elaborado por PwC a partir de los datos publicados en el BOE, el incremento del número de concursos publicados en el cuarto trimestre de 2012 -2.228- hace previsible una gran actividad concursal durante este año.
Para Enrique Bujidos, socio responsable de la Unidad Concursal de PwC, “la situación económica general, y en particular la situación que vive el sistema financiero español están detrás del nuevo incremento de concursos de empresas. Cada vez existe menos margen para la refinanciación de la deuda, tanto por el lado de las compañías que llevan muchos meses continuados de deterioro de sus cuentas de resultados, como por el lado de las entidades financieras que tienen serias restricciones para proporcionar dinero nuevo a las empresas. Existen cada vez más empresas incapaces de repagar su deuda y de justificar su existencia”.
Por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son los territorios con mayor actividad concursal. Estas tres regiones suponen casi un 50% del total de concursos publicados ene 2012 (21%, 13% y 15% respectivamente). Les siguen, de cerca, Andalucía, con un 10%, y Galicia y País Vasco, con un 7%, de los concursos sobre el total. Estas dos últimas comunidades acumulan crecimientos superiores al 40% en su actividad concursal durante 2012, en comparación con el año 2011.
Los sectores de construcción e inmobiliario representan el 43% del total de concursos publicados (26% y 17% sobre el total, respectivamente). El crecimiento de los concursos en estos dos sectores continúa aumentando, un 33% y un 28% en 2012, aunque mantiene relativamente estable su peso sobre el número de concursos totales. Las reformas en el sistema financiero, y especialmente en lo que se refiere a los calendarios de provisiones de los créditos dudosos para los activos financieros con colateral inmobiliario, hacen previsible un aumento de procedimientos concursales en estos sectores. También otros sectores como el de distribución/comercio y el industrial han concentrado importantes incrementos, con un 47% y 35% respectivamente. Asimismo, cabe destacar el aumento de las empresas del sector servicios, cuyos concursos han crecido en 295.
La mayoría de empresas concursadas en el año 2012 cuentan con un activo inferior a dos millones de euros. Por lo que se refiere al promedio de valor del activo de las empresas cuyo concurso se ha publicado en el año 2012 ha disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de €7,6 millones en 2011 a €6,3 millones en lo que llevamos de
año, es decir, un 16% menos.
Los datos relativos a las empresas concursadas en función del número de empleados muestran que, los trabajadores de las compañías con hasta 50 trabajadores son las más afectadas. Se ha producido un significativo aumento en el número de empleados afectados por encontrarse las empresas en concurso, situándose hasta el cuarto trimestre de 2012 en un 26% más respecto al año 2011, lo que supone en términos absolutos 27.151 trabajadores.
Por último, el informe vuelve a destacar que la legislación concursal frena la recuperación de la actividad empresarial. En la reforma concursal pendiente será necesario reorientar la Ley hacia la supervivencia de los negocios, cosa que se conseguiría dando un paso hacia la desjudicialización de la práctica concursal mediante, entre otros, la implantación de procesos preconcursales de mediación. Se hace imprescindible, en este contexto, la presencia activa de los que deberían ser titulares de la propiedad económica de los negocios en crisis, hoy los grandes olvidados del proceso concursal: los acreedores. Éstos deberían poder participar de forma activa, mediante la creación de la figura del Comité de Acreedores, en la toma de decisiones que permitan la recuperación de sus créditos, sustituyendo gran parte de la labor que hoy realizan los administradores concursales y el propio juez.
