La Junta de Andalucía ha solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz, que tramita el proceso judicial abierto tras el anuncio de Delphi del cierre de su planta en Puerto Real, que ordene el inventariado, inmovilización y precintado de todo el utillaje de la planta, y en especial del que está en poder de sus proveedores. Según ha informado en el Parlamento el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, el objetivo de esta medida es defender el patrimonio propio de la sociedad, ante la posibilidad de que pudiera ser utilizado para producir desde otras plantas de la compañía. sin aportar compensación alguna a cambio.
Asimismo, la Junta ha pedido que se revoque el Auto de Declaración del Concurso de la empresa, al entender que la planta no sufre insolvencia inminente por dos motivos: el primero es que Delphi no tiene acreedores significativos; y el segundo es que el recurso de la Junta entiende que en el Auto de la juez de lo Mercantil no se ha tenido en cuenta el activo real o patrimonial de Delphi.
Tras analizar los datos aportados por Delphi para justificar su supuesta insolvencia ante la Juez, los técnicos de la Junta han concluido que se han podido utilizar artificios contables para falsear datos y aparentar un activo muy inferior al real o de mercado.
En este sentido, según la inspección extraordinaria ordenada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el valor real de los terrenos, los edificios e instalaciones y la maquinaria y equipos de Delphi está por encima del declarado por la empresa como activo inmovilizado así como del pasivo alegado por la sociedad.
En la misma línea, los servicios jurídicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa entienden que en el caso de Delphi se ha producido un fraude de ley, ya que la empresa ha podido crear una situación ficticia de insolvencia inminente e incurrir en un abuso de la personalidad jurídica de carácter fraudulento. En este sentido, el consejero ha adelantado que la Junta están recopilando todas las pruebas necesarias para demostrar que DASE no tiene personalidad jurídica propia.
Asimismo, desde el Gobierno Andaluz se han dado instrucciones a los equipos jurídicos para que estudien su personación en el proceso judicial denominado Chapter Eleven abierto en Estados Unidos.
De forma paralela a la vía judicial, el Gobierno andaluz está trabajando sobre otras dos vías alternativas. La primera es tratar de que Platinum Equity pudiera incluir la planta de Puerto Real en el proceso de reestructuración industrial del que se prevee se va a hacer cargo según el proceso concursal norteamericano. La tercera vía es la búsqueda de una empresa o grupo empresarial que se haga cargo del mayor número posible de los activos actuales de la empresa y con capacidad para abordar un proyecto industrial de futuro.
El consejero ha adelantado que desde hace algún tiempo se están desarrollando conversaciones con un grupo industrial del máximo nivel y se está elaborando un plan de viabilidad para, a partir de la actual actividad industrial, reconvertir la planta hacia otros sectores con mayor margen y posibilidad de crecimiento en el futuro.
